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martes, 12 de abril de 2016

­­­­BRASIL: OTRO EPISODIO DEL “FIN DE LA ERA PROGRESISTA”
El papel de la economía en la historia de los gobiernos progresistas ejemplificado en el caso brasilero. (primera parte)



Autor: William Yohai
5 de abril de 2016

Después de la derrota electoral de las fuerzas chavistas en Venezuela en diciembre pasado escribimos lo siguiente:
Intentar explicar un fenómeno sumamente complejo como la evolución política del proceso bolivariano con una gráfica puede parecer un despropósito.
Y sin embargo allí están los datos, que son fuertemente sugerentes. Cuando Chávez gana las elecciones en 1998 el precio del barril (15 dólares) era bajo, aún para los parámetros de comparación de la época. En 10 de los 12 años anteriores el mismo había sido superior a los 15 dólares. La consolidación del poder bolivariano se produce a partir de 2002 cuando el pueblo movilizado y la influencia que el líder tenía en las fuerzas armadas abortan el golpe cívico militar promovido por el imperialismo y parte de la burguesía venezolana. A partir de allí los elevados precios del crudo permiten financiar, junto a  medidas que habían permitido al estado venezolano captar una parte mucho mayor de la renta petrolera, una serie de políticas de beneficio popular de gran alcance.”


También comentamos, brevemente, el resultado electoral que desplazó del gobierno al kirchnerismo en Argentina. Y lo vinculamos a los tres años de estancamiento económico que sufre ese país desde 2013 en adelante. Ya en 2011 la desaceleración económica fue marcada después de 8 años de rápido crecimiento.
No sería demasiado aventurado atribuir la reciente derrota electoral de Evo Morales (se bloqueó su re-reelección) a las mismas causas.
Que remiten, en definitiva, a una caída aguda de la renta de la tierra (manifestada en renta de la tierra propiamente dicha, renta minera y renta hidrocarburífera) que se expande en las economías provocando caída de las tasas de inversión, restricción externa (reducción de las divisas disponibles para las importaciones), fuga de capitales y devaluación de las monedas.
Todo esto se refleja a  su vez en la reducción de los salarios reales, aumento del desempleo, reducción de la capacidad de los estados para financiar políticas sociales; en suma: caída de los niveles de vida de  amplias capas de la población.
Varias han sido las explicaciones alternativas al fenómeno del deterioro progresista. Hay quienes lo reducen al “modelo extractivista” o “neoextractivista” vigente.
Para otros[1] la raíz está en problemas de comunicación de los proyectos, pobre dirección de las campañas electorales; todo ello condimentado por la acción del imperialismo y la “derecha”.
No nos extenderemos en la crítica de esas concepciones. Sólo unos breves comentarios.
El tema del “neoextractivismo”[2] que, como reconocen  sus defensores, no es para nada un problema nuevo en América Latina, ya que es el origen de nuestra inserción en la economía mundial está, seguramente, vinculado a las razones que nosotros proponemos como explicación al fenómeno en estudio. Nuestra diferencia  estriba en lo reduccionista del planteo. No cabe duda que, como parte de su desarrollo político y económico los progresismos latinoamericanos (y aquí es difícil generalizar dadas las grandes diferencias entre, por ejemplo, el proceso bolivariano de Venezuela que intentó realmente cambiar algunos elementos clave de la estructura política y económica capitalista, y el uruguayo que no hizo prácticemente nada en ese sentido) mantuvieron en lo esencial el funcionamiento capitalista vigente con anterioridad. No intentaremos ahora un análisis  de las particularidades de cada proceso, pensamos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay. Ello excede ampliamente el objetivo que nos trazamos para este trabajo.
Concretamente, nuestra discrepancia clara con los defensores del neoextractivismo[3] como explicación de lo que está sucediendo radica en que no toma en cuenta los demás elementos de la preservación de la formación capitalista no industrializada o dependiente que ninguno de los procesos progresistas logró (aunque algunos, tal vez todos,  lo intentaron con muy poco éxito) modificar.
No se tocó la propiedad de la banca, por más que en algunos casos se limitaron algunos excesos como cuando se estatizaron los fondos de las AFJP en Argentina, no se tocó la propiedad de la tierra, aunque en Venezuela una reforma agraria afectó parte menor de la superficie productiva, no se actuó contra la gran industria (algo se hizo, poco y mal en Venezuela), no se afectaron las empresas que ostentan oligopolios poderosísimos en la importación, distribución y venta minorista de todo, desde alimentos básicos hasta electrodomésticos o automóviles. Se mantuvieron las estructuras económicas fuertemente financierizadas donde la deuda pública (más allá de las reducciones llevadas adelante por, por ejemplo, Néstor Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador) representó una fuente de renta fácil y segura para grandes bancos y fondos de inversión.
En suma, más allá de algunas retóricas, la estructura capitalista de las sociedades continuó tan campante.
Por supuesto, es difícilmente concebible que, en ese contexto se hubiera podido evitar el neoextractivismo como fuente de financiamiento para lo que sí, y en general con buen éxito, se hizo: mejorar las condiciones de vida de amplias masas de la población más pobre.
Limitar, entonces, la atribución de los fenómenos económicos y políticos al “neoextractivismo” pierde de vista lo esencial. Éste no es otra cosa que un aspecto de la estructura capitalista dependiente. Sería impensable renunciar a él sin cambiar radicalmente todo lo demás.
El otro plano de interpretación acerca de las recientes derrotas políticas del progresismo nos parece de una gran pobreza interpretativa. Analizando cada elección perdida seguramente se puedan encontrar muchas carencias del tipo instrumental. Lo que no se logrará explicar es porqué los mismos que antes ganaban con holgura ahora pierden. Si la “derecha” aprendió en el tiempo no vemos razón alguna para pensar que la “izquierda” no lo hizo. No me queda otro recurso que asignar a estas interpretaciones el objetivo de evitar hablar del tema de fondo. Y si nos referimos a la acción del conjunto partidos de derecha-medios de comunicación-servicios de inteligencia extranjeros (CIA) lo mismo vale. Por no mencionar que el mantenimiento de los oligopolios mediáticos a quienes se atribuye, probablemente con razón, tanta responsabilidad fue permitido por las fuerzas progresistas en el gobierno.
No afectar la estructura capitalista tuvo consecuencias económicas. Mientras el viento soplaba “de cola”, el dinero entraba a raudales en forma de inversión tanto pública como privada, favorecida además por políticas de tasas de interés históricamente bajas en los países centrales; había para redistribuir. Los salarios aumentaron independientemente de las políticas implementadas a ese respecto. Las burguesías nacionales y las empresas extranjeras ganaban mucho dinero.
Y los gobiernos tenían altos niveles de aprobación. Los conflictos, algunos muy duros, como el caso de Venezuela planteados al principio por la burguesía con apoyo imperial fueron superados gracias a un masivo apoyo popular. Y al final aquella se adaptó a los nuevos discursos y se dedicó a lo que sabe hacer bien: valorizar su capital.
Pero la renuncia al cambio político y económico radical también tuvo consecuencias ideológicas y políticas: SE LEGITIMÓ EL CAPITALISMO.
La disonancia cognitiva fue (y creo que sigue siendo) tal vez máxima en el país donde en lo discursivo el proceso fue más radical: nos referimos a Venezuela.
Para evitar cumplir las tareas básicas de cualquier intento socialista (expropiar los grandes medios de producción, distribución y cambio) se inventó el concepto de “socialismo del siglo XXI”. Lamentablemente, en nuestra opinión, este manejo terminológico termina desprestigiando la idea misma de socialismo.
Pedimos perdón a nuestros lectores por este largo preámbulo. Dada su importancia en el contexto latinoamericano dedicamos un esfuerzo las últimas semanas a estudiar la economía de Brasil. En ese país el progresismo ganó por muy poco margen las últimas elecciones. Soporta ahora una ofensiva en los planos político, judicial y mediático de los sectores de derecha tradicional algunos de los cuales fueron sus aliados políticos hasta hace pocos meses. Brevemente: para llegar al gobierno el PT aceptó jugar de acuerdo a las reglas profundamente corruptas imperantes desde siempre. Ahora llegó la hora de pagar el pacto con el diablo. No deberían quejarse. Sólo están recibiendo lo que nunca debieron dudar que llegaría. La alianza marchó bien mientras hubo bastante “grasa” para lubricar los mecanismos. Llegado el momento de las vacas flacas ésta se acaba...y comienza una lucha despiadada por los despojos del estado. Por más que en las manifestaciones anti Dilma-Lula predomine la burguesía (grande y pequeña) no se trata aquí de lucha de clases. La misma Dilma nombró al banquero Levy como ministro de economía. Y a la antesalista del agronegocio Katia Abreu en agricultura. Dilma trabaja para los ricos. Pero estos igual la quieren voltear. En época de crisis hay que cambiar las figuras de arriba con la esperanza de que ello provoque un cambio económico. De todas formas Lula y Dilma tienen “olor a  pobre”...por más que bajo sus mandatos la matanza de  jóvenes y pobres en los barrios no se haya detenido.
Opino que la crisis económica está en la base de la crisis política. Algunos datos bastante trillados: el pbi cayó 3,7% en 2015  y se estima lo haga otro tanto este año. Dicen que algo así no sucedía desde la crisis de los 30. El desempleo alcanza el 7,9%. En 2015 se perdieron 1,54 millones de puestos de trabajo formales, y sólo en febrero último 104.582.[4]
La gran pregunta es: ¿porqué está sucediendo esto?
Según Mariana Ribeiro Jansen Ferreira[5]: “Durante el período en que estuvo en vigor en Brasil el llamado “estado desarrollista” la política fiscal fue utilizada como propulsora del crecimiento económico, especialmente mediante una fuerte elevación de la inversión pública. Ésta se volcó principalmenta a infraestructura y beneficiaba la tasa de retorno del sector privado, estimulando la inversión y la producción. Como se sabe los servcios proporcionados por la infraestructura (transportes, telecomunicaciones, energía, gas, agua entre otros) son fundamentales para el funcionamiento de gran parte de las actividades económicas.
Sin embargo la polítca fiscal del gobierno fue afectada por la crisis fiscal-financiera que se instaló al final de la década de 1970: en ese período la economía brasilera sufrió una elevación significativa de la inflación: las primeras señales de reducción de crecimiento y una creciente deuda pública. Dicha crisis llevó a parte de los analistas a señalar el agotamiento de la capacidad estatal como agente activo en el proceso económico lo que fue agravado porque el estado asumió toda la deuda del sector privado.[6] Este último aspecto se hace evidente al inicio de la década de los 80 cuando se interrumpieron los mecanismos de refinanciación de la deuda externa (con la crisis mexicana de 1982 y el cese del flujo de capitales). Ante esta situación agravada el estado adoptó, en la década de 1980 una posición pasiva en el proceso de industrialización del país. A partir de allí la presión para la reducción del gasto público se hizo cada vez más presente y el gobierno Collor inició el cambio (aunque matizado por los efectos de la Constitucion de 1988); proceso que se profundizó en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
La reducción del gasto público culminó a partir de 1999 en el esfuerzo explícito de obtención de superavits primarios. En ese momento la prioridad pasó a ser claramente honrar los compromisos financieros; pago de los servicios de la deuda pública y su amortización. Implícita a esta lógica estaba la financierización de la economía que fue mantenida a lo largo del segundo mandato de Fernando Henrique y en le gobierno de Luiz Ignacio Lula da Silva. Así el estado brasilero pasó a adecuarse, de forma creciente, a la lógica de un estado con participación reducida en el sector real de la economía dejando de ser, por lo tanto, un agnte fomentador del crecimento económico.”
Desde este cambio fundamental en el papel del estado hasta lo que está sucediendo hoy no hay más que un paso. Los gráficos que siguen muestran la evolución de las exportaciones brasileras.

Vemos como a partir de la década de los 70 el estado desarrollista que describe el texto citado muestra una caída de la participación de las exportaciones de productos primarios en el total simultánea a un crecimiento de los productos manufacturados. Este proceso se detiene en los 90 y comienza a revertirse en los 2000. La participación de productos manufacturados vuelve a niveles de los 70.[7]





La gráfica de más arriba muestra la evolución, desde 1997 de las exportaciones según componente tecnológico. La línea roja (productos N.C.I.T) corresponde a materias primas: soja, mineral de hierro, petróleo crudo, etc. A pesar de cierta distorsión que introducen las variaciones de precios de los productos (por ejemplo a dicha variación se debe la caída de las exportaciones de los 4 últimos años en las categorías que no son productos de la industria de alta tecnología; aviones, electrónica, armas) es notorio el estancamiento de estos frente al gran aumento de los N.C.I.T.
En suma: Brasil se está subdesarrollando.
No menos impactante resulta la influencia de los costos financieros en el gasto público:





 La gráfica describe la participación porcentual de distintos tipos de gasto en relación con la recaudación federal total.[8] Mientras el gasto en seguridad social (“previdencia”) se mantiene más o menos constante en el entorno del 30% del total, los salarios y beneficios muestran una caída tendencial desde el orden del 30% al 20%; los pagos de intereses de la deuda pública comienzan a aumentar rápidamente a partir de 2012 y llegan a un 32% en 2015.
Simultáneamente el déficit global (balance primario +/- pagos de intereses) alcanza más de 40%. Considerado en relación al pbi el déficit global alcanza ahora el 10%.
Las exportaciones totales se evidencian en el siguiente gráfico:






 La coincidencia entre la evolución de las exportaciones totales y la de los pagos de intereses de deuda y el consiguiente déficit fiscal no podría ser más sugerente. El proceso, en ambos casos, comienza en 2011-12 cuando se procesa la caída de los precios internacionales del mineral de hierro, la soja y, en 2014 el petróleo.
Radiografía de un país primarizado y cuya economía depende profundamente de la evolución de los precios internacionales de no más de media docena de productos primarios.
Respecto a la deuda pública conviene establecer sus características a grandes trazos: [9]






  
De la observación detenida del cuadro surgen varias cuestiones interesantes: 1) la deuda pública brasilera es predominantemente (un 95%) interna y nominada en reales. 2) A pesar de ello el costo del servicio de deuda es enorme, más de un 30% de la recaudación federal total. 3) Las reservas netas (es decir sin contar los encajes bancarios) representan un 35% de la deuda interna. Esto implica que se podrían reducir sustantivamente los intereses (y la deuda) por el expediente de liquidar reservas e ir paulatinamente cancelando deuda. No es nada exótico, de hecho, el banco central de Uruguay lo ha venido haciendo desde hace poco menos de un año y ha reducido sustantivamente las reservas (a menos de la mitad) y también su deuda de corto plazo en moneda nacional. Esta reducción implica una correlativa caída de la cuenta de intereses que había alcanzado  niveles absurdos. 4) Esto no surge de la tabla: el 72% de la deuda está en manos de bancos, aseguradoras, fondos de inversión y “otros” (probablemente personas físicas). O sea, la deuda es un formidable instrumento para el saqueo del erario público en detrimento de políticas sociales y de desarrollo económico. Probablemente cualquier política destinada a reducir este saqueo choque con la oposición del fuerte aparato banquero. Recordemos que Dilma nombró a un ex-banquero como ministro de economía. El hecho de que éste haya tenido que renunciar no reduce la influencia del sector en la política.
5) Los números de déficit fiscal que analizamos más arriba (10% del pbi, 42% de la recaudación federal total) implican un rápido crecimiento de la deuda. Ante una situación de inflación elevada que limita severamente la emisión monetaria como recurso para financiarlo  la única salida es el endeudamiento público. Por supuesto no se discute el otro curso posible: aumentar significativamente los impuestos a la burguesía, en particular a la oligarquía terrateniente. Impensable cuando la ministra de agricultura (y aliada firme de Dilma en la actual coyuntura) es representante de los terratenientes y el agronegocio.
Las medidas para controlar la inflación (reducción del gasto público, elevadas tasas de interés nominales para la deuda pública interna) generan una caída de la actividad económica que, como se ha visto innumerables veces en los últimos años, por ejemplo en las crisis de los 2000 de Uruguay y Argentina, contribuyen a su vez a reducir la recaudación  y agravar el déficit fiscal.
Es una política que “tira la pelota para adelante” con la esperanza de que algún shock externo positivo saque al país de la depresión.
Existe otro recurso de último extremo al que echar mano: las privatizaciones. A ello alude, en forma más bien críptica, el programa del PMDB de Michel Temer (vicepresidente y candidato a sustituir a Dilma después de un juicio político) titulado “Un puente para el futuro”. Textualmente dice en su párrafo “d”: “Ejecutar una política de desarrollo centrada en la iniciativa privada por medio de las transferencias de activos que fuesen necesarias, concesiones amplias en todas las áreas de logística e infraestructura, sociedades para complementar la oferta de servicios públicos y retorno al régimen anterior de concesiones en el área del petróleo, dándose a Petrobras el derecho de preferencia”
Explícitamente, quitarle a Petrobras la exclusividad que hoy ostenta en la explotación del “petróleo presal”. Recientemente analizamos el tema del “presal” y su muy dicutible conveniencia.[10] Implícitamente se abre el camino para la privatización total de la empresa y de otras que permanecen en el sector público. Queda siempre la duda acerca de si, de no ser derrocado, el duo Dilma-Lula no llevará adelante casi exactamente el mismo programa propuesto por Temer.[11]
Si esto no sucede (nos referimos al cambio radical de política que implicaría golpear al gran capital) queda un sólo camino: que la caída abrupta del salario real, correlato necesario de esta política que genera desempleo masivo, llegue a un punto tal que incremente la tasa de ganancia y la competitividad del país dando comienzo a un nuevo ciclo de inversión y crecimiento económico. Cuando coinciden, como sucedió en Uruguay después de la crisis que eclosionó en 2002 y tocó fondo en 2004, ambas cosas (fuerte aumento del precio de los commodities y recuperación a partir de la gran caída del salario real) se producen ciclos de crecimiento económico fuerte y prolongado.
Veremos que sucede en Brasil a partir de ahora. Si no hay aumento sustantivo de los precios de los commodities que exporta es casi seguro que la depresión económica continuará por varios años.

En relación a la evolución de los salarios la gráfica de más abajo la ilustra desde el primer gobierno Lula hasta ahora.[12] Refleja los salarios medios del sector privado.





 La caída entre el máximo (noviembre de 2014) y la actualidad es de 7,8%. El crecimiento entre los mínimos  del año 2005 y el máximo de 2014 fue de 36%.
Para los trabajadores públicos en tanto el aumento salarial entre “puntas” ascendió a 52.45%. La caída correspondiente (entre agosto de 2014 y febrero de 2016) fue de 6,45%. Notoriamente estos llevaron la mejor parte, tanto en relación al aumento de sus salarios cuanto a la caída de los mismos.
El aumento del salario mínimo entre 2002 y 2016  fue, aproximadamente, de un 95% en terminos reales. Representó la base de la política de los gobiernos del PT para reducir la pobreza y la desigualdad de los ingresos (que no es lo mismo que la desigualdad de la riqueza cuya evolución no hemos estudiado). Éste no pierde, por ahora, poder adquisitivo.
La cantidad de personas ocupadas totales cayó 1,3% entre el último trimestre de 2014 y el trimestre móvil diciembre 2015-febrero 2016.
Pero si nos referimos a los que tienen empleo formal la caída es la referida más arriba, un millón y medio de trabajadores que representan cerca del 4% del total. Parece haber un viraje importante hacia el informalismo en el mercado laboral sin que, al parecer, el número total de asalariados caiga tanto.
En otro plano, la producción industrial de los dos primeros meses de este año cae, en relación al mismo período del pasado, 11,8%[13].

Para resumir: una situación de crisis económica y social que afecta a amplias capas de la población dentro de un cuadro de elevada percepción de corrupción administrativa en los escalones superiores del estado. La crisis política es un resultado natural de esta mezcla.
Dilma Rouseff podrá o no seguir siendo presidente del país, junto a su ahora jefe de gabinete Luis da Silva. Si ambos caen no se avizora, de todas formas, un mejor futuro inmediato para el pueblo brasileño. La crisis continuará (salvo un cambio radical del contexto internacional, como decíamos más arriba). El programa alternativo de los ex aliados del PT que tomarían el gobierno es más de lo mismo.
Ante la brutal desigualdad, atenuada en el aspecto de los ingresos por las políticas del PT y la bonanza económica, y la corrupción percibida, el único factor que podría mantener la estabilidad política  es una continuada elevación de los niveles de consumo. Terminada ésta el pueblo (en sentido amplio) reclama el cambio político.
No ha habido en estos años de gobierno del PT una transformación radical de la estructura productiva. Tampoco se ha modificado el contenido ideológico de la sociedad. La paz social se compró a punta de aumento del consumo. Agotado este recurso sólo queda la crisis política.

En la segunda parte analizamos la evolución de los diferentes sectores de la economía según la información que proporcionan las cuentas nacionales. Más de uno se va a sorprender.








[1]     Un ejemplo de esta posición es la sostenida por Atilio Borón.
[2]     Tal vez el exponente más claro y prolífico sea el ecologista uruguayo Eduardo Gudynas.
[3]     Definido como el fomento de las actividades extractivas (minería, agricultura de grandes monocultivos cuyo ejemplo más claro es la soja, hidrocarburos) destinadas a la exportación al mercado mundial.
[4]     http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/brasil-reporta-mayor-perdida-de-puestos-de-trabajo-en-febrero-desde-1992
[5]     Rosa Maria Marquez-Mariana Ribeiro Jansen Ferreira, O Brasil sob a nova ordem,  Editorial Saraiva 2010-
[6]     Aquí podemos notar el paralelismo con lo sucedido en Uruguay con la “compra de carteras” en realidad incobrables de la banca privada por el banco central del Uruguay  a fines de los 70 y principios de los 80.
[7]     Ministerio de desarrollo, industria y comercio exterior; Secretaría de comercio exterior. Elaboración propia.

[8]     www.tesouro.fazenda.gov.br “Tabela 1.1 resultado primario do governo central 1/-Brasil-Mensal
        Elaboración propia.
[9]     www3.tesouro.fazenda.gov.br- Elaboración propia.
[10]   www.resonandoenfenix.blogspot.com “Petrobras una empresa en problemas (grandes)”
[11]   A punto de cerrar este trabajo se informa que un miembro del Tribunal supremo ha establecido que, de someterse a Dilma a juicio político, Temer debe sufrir el mismo destino. Las posibilidades de una salida rápida de Dilma del gobierno parecen alejarse.
[12]   ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/Tabelas/2016/tab135022016.xls
[13]   http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/produccion-industrial-de-brasil-disminuye-98-anual

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