BRASIL: OTRO EPISODIO DEL
“FIN DE LA ERA PROGRESISTA”
El papel de la economía en la
historia de los gobiernos progresistas ejemplificado en el caso brasilero. (primera parte)
Autor: William
Yohai
5 de abril de 2016
Después de la derrota
electoral de las fuerzas chavistas en Venezuela en diciembre pasado escribimos
lo siguiente:
“Intentar
explicar un fenómeno sumamente complejo como la evolución política del proceso
bolivariano con una gráfica puede parecer un despropósito.
Y
sin embargo allí están los datos, que son fuertemente sugerentes. Cuando Chávez
gana las elecciones en 1998 el precio del barril (15 dólares) era bajo, aún
para los parámetros de comparación de la época. En 10 de los 12 años anteriores
el mismo había sido superior a los 15 dólares. La consolidación del poder
bolivariano se produce a partir de 2002 cuando el pueblo movilizado y la
influencia que el líder tenía en las fuerzas armadas abortan el golpe cívico
militar promovido por el imperialismo y parte de la burguesía venezolana. A partir
de allí los elevados precios del crudo permiten financiar, junto a medidas que habían permitido al estado
venezolano captar una parte mucho mayor de la renta petrolera, una serie de
políticas de beneficio popular de gran alcance.”
También comentamos,
brevemente, el resultado electoral que desplazó del gobierno al kirchnerismo en
Argentina. Y lo vinculamos a los tres años de estancamiento económico que sufre
ese país desde 2013 en adelante. Ya en 2011 la desaceleración económica fue
marcada después de 8 años de rápido crecimiento.
No sería demasiado
aventurado atribuir la reciente derrota electoral de Evo Morales (se bloqueó su
re-reelección) a las mismas causas.
Que remiten, en
definitiva, a una caída aguda de la renta de la tierra (manifestada en renta de
la tierra propiamente dicha, renta minera y renta hidrocarburífera) que se
expande en las economías provocando caída de las tasas de inversión,
restricción externa (reducción de las divisas disponibles para las
importaciones), fuga de capitales y devaluación de las monedas.
Todo esto se refleja
a su vez en la reducción de los salarios
reales, aumento del desempleo, reducción de la capacidad de los estados para
financiar políticas sociales; en suma: caída de los niveles de vida de amplias capas de la población.
Varias han sido las
explicaciones alternativas al fenómeno del deterioro progresista. Hay quienes
lo reducen al “modelo extractivista” o “neoextractivista” vigente.
Para otros[1] la raíz está en problemas de comunicación de
los proyectos, pobre dirección de las campañas electorales; todo ello
condimentado por la acción del imperialismo y la “derecha”.
No nos extenderemos en
la crítica de esas concepciones. Sólo unos breves comentarios.
El tema del
“neoextractivismo”[2] que, como reconocen sus defensores, no es para nada un problema
nuevo en América Latina, ya que es el origen de nuestra inserción en la
economía mundial está, seguramente, vinculado a las razones que nosotros
proponemos como explicación al fenómeno en estudio. Nuestra diferencia estriba en lo reduccionista del planteo. No
cabe duda que, como parte de su desarrollo político y económico los
progresismos latinoamericanos (y aquí es difícil generalizar dadas las grandes
diferencias entre, por ejemplo, el proceso bolivariano de Venezuela que intentó
realmente cambiar algunos elementos clave de la estructura política y económica
capitalista, y el uruguayo que no hizo prácticemente nada en ese sentido)
mantuvieron en lo esencial el funcionamiento capitalista vigente con
anterioridad. No intentaremos ahora un análisis
de las particularidades de cada proceso, pensamos en Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay. Ello excede ampliamente el objetivo que
nos trazamos para este trabajo.
Concretamente, nuestra
discrepancia clara con los defensores del neoextractivismo[3] como explicación de lo que está sucediendo
radica en que no toma en cuenta los demás elementos de la preservación de la
formación capitalista no industrializada o dependiente que ninguno de los
procesos progresistas logró (aunque algunos, tal vez todos, lo intentaron con muy poco éxito) modificar.
No se tocó la
propiedad de la banca, por más que en algunos casos se limitaron algunos
excesos como cuando se estatizaron los fondos de las AFJP en Argentina, no se
tocó la propiedad de la tierra, aunque en Venezuela una reforma agraria afectó
parte menor de la superficie productiva, no se actuó contra la gran industria
(algo se hizo, poco y mal en Venezuela), no se afectaron las empresas que
ostentan oligopolios poderosísimos en la importación, distribución y venta
minorista de todo, desde alimentos básicos hasta electrodomésticos o
automóviles. Se mantuvieron las estructuras económicas fuertemente
financierizadas donde la deuda pública (más allá de las reducciones llevadas adelante
por, por ejemplo, Néstor Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador)
representó una fuente de renta fácil y segura para grandes bancos y fondos de
inversión.
En suma, más allá de
algunas retóricas, la estructura capitalista de las sociedades continuó tan
campante.
Por supuesto, es
difícilmente concebible que, en ese contexto se hubiera podido evitar el
neoextractivismo como fuente de financiamiento para lo que sí, y en general con
buen éxito, se hizo: mejorar las condiciones de vida de amplias masas de la
población más pobre.
Limitar, entonces, la
atribución de los fenómenos económicos y políticos al “neoextractivismo” pierde
de vista lo esencial. Éste no es otra cosa que un aspecto de la estructura
capitalista dependiente. Sería impensable renunciar a él sin cambiar
radicalmente todo lo demás.
El otro plano de
interpretación acerca de las recientes derrotas políticas del progresismo nos
parece de una gran pobreza interpretativa. Analizando cada elección perdida
seguramente se puedan encontrar muchas carencias del tipo instrumental. Lo que
no se logrará explicar es porqué los mismos que antes ganaban con holgura ahora
pierden. Si la “derecha” aprendió en el tiempo no vemos razón alguna para
pensar que la “izquierda” no lo hizo. No me queda otro recurso que asignar a
estas interpretaciones el objetivo de evitar hablar del tema de fondo. Y si nos
referimos a la acción del conjunto partidos de derecha-medios de
comunicación-servicios de inteligencia extranjeros (CIA) lo mismo vale. Por no
mencionar que el mantenimiento de los oligopolios mediáticos a quienes se
atribuye, probablemente con razón, tanta responsabilidad fue permitido por las
fuerzas progresistas en el gobierno.
No afectar la
estructura capitalista tuvo consecuencias económicas. Mientras el viento
soplaba “de cola”, el dinero entraba a raudales en forma de inversión tanto
pública como privada, favorecida además por políticas de tasas de interés
históricamente bajas en los países centrales; había para redistribuir. Los
salarios aumentaron independientemente de las políticas implementadas a ese
respecto. Las burguesías nacionales y las empresas extranjeras ganaban mucho
dinero.
Y los gobiernos tenían
altos niveles de aprobación. Los conflictos, algunos muy duros, como el caso de
Venezuela planteados al principio por la burguesía con apoyo imperial fueron
superados gracias a un masivo apoyo popular. Y al final aquella se adaptó a los
nuevos discursos y se dedicó a lo que sabe hacer bien: valorizar su capital.
Pero la renuncia al
cambio político y económico radical también tuvo consecuencias ideológicas y
políticas: SE LEGITIMÓ EL CAPITALISMO.
La disonancia
cognitiva fue (y creo que sigue siendo) tal vez máxima en el país donde en lo
discursivo el proceso fue más radical: nos referimos a Venezuela.
Para evitar cumplir
las tareas básicas de cualquier intento socialista (expropiar los grandes
medios de producción, distribución y cambio) se inventó el concepto de
“socialismo del siglo XXI”. Lamentablemente, en nuestra opinión, este manejo
terminológico termina desprestigiando la idea misma de socialismo.
Pedimos perdón a
nuestros lectores por este largo preámbulo. Dada su importancia en el contexto
latinoamericano dedicamos un esfuerzo las últimas semanas a estudiar la
economía de Brasil. En ese país el progresismo ganó por muy poco margen las
últimas elecciones. Soporta ahora una ofensiva en los planos político, judicial
y mediático de los sectores de derecha tradicional algunos de los cuales fueron
sus aliados políticos hasta hace pocos meses. Brevemente: para llegar al
gobierno el PT aceptó jugar de acuerdo a las reglas profundamente corruptas
imperantes desde siempre. Ahora llegó la hora de pagar el pacto con el diablo.
No deberían quejarse. Sólo están recibiendo lo que nunca debieron dudar que llegaría.
La alianza marchó bien mientras hubo bastante “grasa” para lubricar los
mecanismos. Llegado el momento de las vacas flacas ésta se acaba...y comienza
una lucha despiadada por los despojos del estado. Por más que en las
manifestaciones anti Dilma-Lula predomine la burguesía (grande y pequeña) no se
trata aquí de lucha de clases. La misma Dilma nombró al banquero Levy como
ministro de economía. Y a la antesalista del agronegocio Katia Abreu en
agricultura. Dilma trabaja para los ricos. Pero estos igual la quieren voltear.
En época de crisis hay que cambiar las figuras de arriba con la esperanza de
que ello provoque un cambio económico. De todas formas Lula y Dilma tienen
“olor a pobre”...por más que bajo sus mandatos
la matanza de jóvenes y pobres en los
barrios no se haya detenido.
Opino que la crisis
económica está en la base de la crisis política. Algunos datos bastante
trillados: el pbi cayó 3,7% en 2015 y se
estima lo haga otro tanto este año. Dicen que algo así no sucedía desde la
crisis de los 30. El desempleo alcanza el 7,9%. En 2015 se perdieron 1,54
millones de puestos de trabajo formales, y sólo en febrero último 104.582.[4]
La gran pregunta es:
¿porqué está sucediendo esto?
Según Mariana Ribeiro
Jansen Ferreira[5]: “Durante el período en que estuvo en vigor en Brasil
el llamado “estado desarrollista” la política fiscal fue utilizada como
propulsora del crecimiento económico, especialmente mediante una fuerte
elevación de la inversión pública. Ésta se volcó principalmenta a
infraestructura y beneficiaba la tasa de retorno del sector privado,
estimulando la inversión y la producción. Como se sabe los servcios
proporcionados por la infraestructura (transportes, telecomunicaciones,
energía, gas, agua entre otros) son fundamentales para el funcionamiento de
gran parte de las actividades económicas.
Sin
embargo la polítca fiscal del gobierno fue afectada por la crisis
fiscal-financiera que se instaló al final de la década de 1970: en ese período
la economía brasilera sufrió una elevación significativa de la inflación: las
primeras señales de reducción de crecimiento y una creciente deuda pública.
Dicha crisis llevó a parte de los analistas a señalar el agotamiento de la
capacidad estatal como agente activo en el proceso económico lo que fue agravado
porque el estado asumió toda la deuda del sector privado.[6] Este último aspecto se hace
evidente al inicio de la década de los 80 cuando se interrumpieron los
mecanismos de refinanciación de la deuda externa (con la crisis mexicana de
1982 y el cese del flujo de capitales). Ante esta situación agravada el estado
adoptó, en la década de 1980 una posición pasiva en el proceso de
industrialización del país. A partir de allí la presión para la reducción del
gasto público se hizo cada vez más presente y el gobierno Collor inició el
cambio (aunque matizado por los efectos de la Constitucion de 1988); proceso
que se profundizó en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
La
reducción del gasto público culminó a partir de 1999 en el esfuerzo explícito de
obtención de superavits primarios. En ese momento la prioridad pasó a ser
claramente honrar los compromisos financieros; pago de los servicios de la
deuda pública y su amortización. Implícita a esta lógica estaba la
financierización de la economía que fue mantenida a lo largo del segundo
mandato de Fernando Henrique y en le gobierno de Luiz Ignacio Lula da Silva.
Así el estado brasilero pasó a adecuarse, de forma creciente, a la lógica de un
estado con participación reducida en el sector real de la economía dejando de
ser, por lo tanto, un agnte fomentador del crecimento económico.”
Desde este cambio
fundamental en el papel del estado hasta lo que está sucediendo hoy no hay más
que un paso. Los gráficos que siguen muestran la evolución de las exportaciones
brasileras.
Vemos como a partir de la década de los 70 el estado desarrollista que
describe el texto citado muestra una caída de la participación de las
exportaciones de productos primarios en el total simultánea a un crecimiento de
los productos manufacturados. Este proceso se detiene en los 90 y comienza a
revertirse en los 2000. La participación de productos manufacturados vuelve a
niveles de los 70.[7]
La gráfica de más
arriba muestra la evolución, desde 1997 de las exportaciones según componente tecnológico.
La línea roja (productos N.C.I.T) corresponde a materias primas: soja, mineral
de hierro, petróleo crudo, etc. A pesar de cierta distorsión que introducen las
variaciones de precios de los productos (por ejemplo a dicha variación se debe
la caída de las exportaciones de los 4 últimos años en las categorías que no
son productos de la industria de alta tecnología; aviones, electrónica, armas)
es notorio el estancamiento de estos frente al gran aumento de los N.C.I.T.
En suma: Brasil se
está subdesarrollando.
No menos impactante
resulta la influencia de los costos financieros en el gasto público:
Simultáneamente el
déficit global (balance primario +/- pagos de intereses) alcanza más de 40%.
Considerado en relación al pbi el déficit global alcanza ahora el 10%.
Las exportaciones
totales se evidencian en el siguiente gráfico:
Radiografía de un país
primarizado y cuya economía depende profundamente de la evolución de los
precios internacionales de no más de media docena de productos primarios.
Respecto a la deuda
pública conviene establecer sus características a grandes trazos: [9]
De la observación
detenida del cuadro surgen varias cuestiones interesantes: 1) la deuda pública
brasilera es predominantemente (un 95%) interna y nominada en reales. 2) A
pesar de ello el costo del servicio de deuda es enorme, más de un 30% de la
recaudación federal total. 3) Las reservas netas (es decir sin contar los
encajes bancarios) representan un 35% de la deuda interna. Esto implica que se
podrían reducir sustantivamente los intereses (y la deuda) por el expediente de
liquidar reservas e ir paulatinamente cancelando deuda. No es nada exótico, de
hecho, el banco central de Uruguay lo ha venido haciendo desde hace poco menos
de un año y ha reducido sustantivamente las reservas (a menos de la mitad) y
también su deuda de corto plazo en moneda nacional. Esta reducción implica una
correlativa caída de la cuenta de intereses que había alcanzado niveles absurdos. 4) Esto no surge de la
tabla: el 72% de la deuda está en manos de bancos, aseguradoras, fondos de
inversión y “otros” (probablemente personas físicas). O sea, la deuda es un
formidable instrumento para el saqueo del erario público en detrimento de
políticas sociales y de desarrollo económico. Probablemente cualquier política
destinada a reducir este saqueo choque con la oposición del fuerte aparato
banquero. Recordemos que Dilma nombró a un ex-banquero como ministro de
economía. El hecho de que éste haya tenido que renunciar no reduce la
influencia del sector en la política.
5) Los números de
déficit fiscal que analizamos más arriba (10% del pbi, 42% de la recaudación
federal total) implican un rápido crecimiento de la deuda. Ante una situación
de inflación elevada que limita severamente la emisión monetaria como recurso
para financiarlo la única salida es el
endeudamiento público. Por supuesto no se discute el otro curso posible:
aumentar significativamente los impuestos a la burguesía, en particular a la
oligarquía terrateniente. Impensable cuando la ministra de agricultura (y
aliada firme de Dilma en la actual coyuntura) es representante de los
terratenientes y el agronegocio.
Las medidas para
controlar la inflación (reducción del gasto público, elevadas tasas de interés
nominales para la deuda pública interna) generan una caída de la actividad
económica que, como se ha visto innumerables veces en los últimos años, por
ejemplo en las crisis de los 2000 de Uruguay y Argentina, contribuyen a su vez
a reducir la recaudación y agravar el
déficit fiscal.
Es una política que
“tira la pelota para adelante” con la esperanza de que algún shock externo
positivo saque al país de la depresión.
Existe otro recurso de
último extremo al que echar mano: las privatizaciones. A ello alude, en forma
más bien críptica, el programa del PMDB de Michel Temer (vicepresidente y
candidato a sustituir a Dilma después de un juicio político) titulado “Un
puente para el futuro”. Textualmente dice en su párrafo “d”: “Ejecutar una política de
desarrollo centrada en la iniciativa privada por medio de las transferencias de
activos que fuesen necesarias, concesiones amplias en todas las áreas de
logística e infraestructura, sociedades para complementar la oferta de
servicios públicos y retorno al régimen anterior de concesiones en el área del
petróleo, dándose a Petrobras el derecho de preferencia”
Explícitamente,
quitarle a Petrobras la exclusividad que hoy ostenta en la explotación del
“petróleo presal”. Recientemente analizamos el tema del “presal” y su muy
dicutible conveniencia.[10] Implícitamente se abre el camino para la
privatización total de la empresa y de otras que permanecen en el sector
público. Queda siempre la duda acerca de si, de no ser derrocado, el duo
Dilma-Lula no llevará adelante casi exactamente el mismo programa propuesto por
Temer.[11]
Si esto no sucede (nos
referimos al cambio radical de política que implicaría golpear al gran capital)
queda un sólo camino: que la caída abrupta del salario real, correlato
necesario de esta política que genera desempleo masivo, llegue a un punto tal
que incremente la tasa de ganancia y la competitividad del país dando comienzo
a un nuevo ciclo de inversión y crecimiento económico. Cuando coinciden, como
sucedió en Uruguay después de la crisis que eclosionó en 2002 y tocó fondo en
2004, ambas cosas (fuerte aumento del precio de los commodities y recuperación
a partir de la gran caída del salario real) se producen ciclos de crecimiento
económico fuerte y prolongado.
Veremos que sucede en
Brasil a partir de ahora. Si no hay aumento sustantivo de los precios de los
commodities que exporta es casi seguro que la depresión económica continuará
por varios años.
En relación a la evolución
de los salarios la gráfica de más abajo la ilustra desde el primer gobierno
Lula hasta ahora.[12] Refleja los salarios medios del sector privado.
Para los trabajadores
públicos en tanto el aumento salarial entre “puntas” ascendió a 52.45%. La
caída correspondiente (entre agosto de 2014 y febrero de 2016) fue de 6,45%.
Notoriamente estos llevaron la mejor parte, tanto en relación al aumento de sus
salarios cuanto a la caída de los mismos.
El aumento del
salario mínimo entre 2002 y 2016 fue,
aproximadamente, de un 95% en terminos reales. Representó la base de la
política de los gobiernos del PT para reducir la pobreza y la desigualdad de
los ingresos (que no es lo mismo que la desigualdad de la riqueza cuya evolución
no hemos estudiado). Éste no pierde, por ahora, poder adquisitivo.
La cantidad de
personas ocupadas totales cayó 1,3% entre el último trimestre de 2014 y el
trimestre móvil diciembre 2015-febrero 2016.
Pero si nos referimos
a los que tienen empleo formal la caída es la referida más arriba, un millón y
medio de trabajadores que representan cerca del 4% del total. Parece haber un
viraje importante hacia el informalismo en el mercado laboral sin que, al
parecer, el número total de asalariados caiga tanto.
En otro plano, la
producción industrial de los dos primeros meses de este año cae, en relación al
mismo período del pasado, 11,8%[13].
Para resumir: una
situación de crisis económica y social que afecta a amplias capas de la
población dentro de un cuadro de elevada percepción de corrupción
administrativa en los escalones superiores del estado. La crisis política es un
resultado natural de esta mezcla.
Dilma Rouseff podrá o
no seguir siendo presidente del país, junto a su ahora jefe de gabinete Luis da
Silva. Si ambos caen no se avizora, de todas formas, un mejor futuro inmediato
para el pueblo brasileño. La crisis continuará (salvo un cambio radical del
contexto internacional, como decíamos más arriba). El programa alternativo de
los ex aliados del PT que tomarían el gobierno es más de lo mismo.
Ante la brutal
desigualdad, atenuada en el aspecto de los ingresos por las políticas del PT y
la bonanza económica, y la corrupción percibida, el único factor que podría
mantener la estabilidad política es una
continuada elevación de los niveles de consumo. Terminada ésta el pueblo (en
sentido amplio) reclama el cambio político.
No ha habido en
estos años de gobierno del PT una transformación radical de la estructura
productiva. Tampoco se ha modificado el contenido ideológico de la sociedad. La
paz social se compró a punta de aumento del consumo. Agotado este recurso sólo
queda la crisis política.
En la segunda parte
analizamos la evolución de los diferentes sectores de la economía según la
información que proporcionan las cuentas nacionales. Más de uno se va a sorprender.
[1] Un
ejemplo de esta posición es la sostenida por Atilio Borón.
[2] Tal
vez el exponente más claro y prolífico sea el ecologista uruguayo Eduardo
Gudynas.
[3] Definido
como el fomento de las actividades extractivas (minería, agricultura de grandes
monocultivos cuyo ejemplo más claro es la soja, hidrocarburos) destinadas a la
exportación al mercado mundial.
[4] http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/brasil-reporta-mayor-perdida-de-puestos-de-trabajo-en-febrero-desde-1992
[5] Rosa
Maria Marquez-Mariana Ribeiro Jansen Ferreira, O Brasil sob a nova ordem, Editorial Saraiva 2010-
[6] Aquí
podemos notar el paralelismo con lo sucedido en Uruguay con la “compra de
carteras” en realidad incobrables de la banca privada por el banco central del
Uruguay a fines de los 70 y principios
de los 80.
[7] Ministerio
de desarrollo, industria y comercio exterior; Secretaría de comercio exterior.
Elaboración propia.
Elaboración propia.
[11] A punto
de cerrar este trabajo se informa que un miembro del Tribunal supremo ha
establecido que, de someterse a Dilma a juicio político, Temer debe sufrir el
mismo destino. Las posibilidades de una salida rápida de Dilma del gobierno
parecen alejarse.
[12] ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/Tabelas/2016/tab135022016.xls
[13] http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/produccion-industrial-de-brasil-disminuye-98-anual
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