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lunes, 29 de mayo de 2017

No somos iguales: Jorge Zabalza




-SANDRO SOBA-


“Hoy es una tarde donde la verdad como la justicia siguen ausentes: las mentiras y la banalización de las torturas en dictadura nos tratan de ganar la cabeza. Lo que ellos llaman exceso fue tortura, como claramente lo dijo el fiscal y presentó inmediatamente la apelación. Arriba los que luchan y si no hay justicia, habrá condena social”. Sandro Soba luego que Blanca Rieira interpetó la ley de modo de no encontrar razón alguna para procesar al general Mermot por apología de la tortura."


Si mal no recuerdo, medio siglo atrás nos enseñaban en Facultad que la conducta del hacedor de justicia traducía en acción la palabra de la ley, o sea, que hacer justicia es actuar conforme a lo prescrito por el derecho positivo. La justicia no es un valor abstracto sino una cuestión práctica; no es un principio etéreo, intangible o divino sino una forma de comportamiento humano, concreta, vulgar y silvestre.



Para Aristóteles era muy justo que unas personas nacieran para esclavos y las otras para ser sus amos, su sentido de justicia era el mismo que luego se convirtió en dogma de la iglesia católica y siglos después reglaría la conducta de los nazis. Sin embargo, no era el que tenían los violentamente reducidos a la esclavitud. Para ellos, justicia era la de Espartaco. El mundo cambia y los filósofos griegos ya no pueden boludear, paseando sus ocios por templos y plazas marmoladas para consumir el tiempo libre que robaban a los esclavos. Aunque salario mediante las mayorías siguen sometidas sutilmente al trabajo forzoso, hoy día nadie en el mundo puede creer que la esclavitud sea un acto de justicia. Ni el fiscal Zubía podría ser tan payaso de sostener semejante barbaridad.

Los actos de justicia se dan en dos momentos: en el primero, se aprueban las leyes, códigos y constituciones y en el segundo, se aplican las normas o se administra justicia. En el primer momento, los parlamentarios aprueban leyes en función de sus concepciones y puntos de vista políticos, que son los hegemónicos, o sea los de la clase social dominante. Lo político prima sobre lo jurídico, como dice algún sabio de boliche. Fue por esa razón que, poco después del 2005, los diputados y senadores progresistas aprobaron la ley que convirtió la ocupación de tierras en delito penal, una decisión política para proteger la propiedad privada de unos pocos. Cometer un acto legislativo tan injusto les provocó remordimientos y por eso, haciendo gala de fina hipocresía, aplauden contentos al gran rostrudo que defendió la propiedad social de la tierra y la reforma agraria en un acto en Brasil, bien lejos de donde votó sancionar con años de prisión a los que ocuparan tierras.

Primero se aprueba el paquete político-jurídico y luego se debe aplicarlo en concreto. Hubo momentos de la historia en que esa secuencia escalonaba leyes que favorecían a los muchos y un poder político que las aplicaba sin pusilanimidades. Fue así cuando José Artigas promulgó el Reglamento de Tierras de 1815 y lo aplicó repartiendo los latifundios expropiados sin indemnización. Fue un acto de justicia para los miles de beneficiarios del reparto y un acto de injusticia para los malos españoles y peores americanos dueños de las enormes estancias. También fue un acto popular de justicia cuando en aplicación de una ley aprobada por la Convención Nacional, los parisinos pasaron por la guillotina los cuellos de la familia real francesa. Acto lamentado como una injusticia por la nobleza feudal europea que se organizó en la Santa alianza para ver de restaurar el derecho divino a ser oprimidos por reyes. No hay vuelta, lo que es justicia para el pueblo, es injusticia para quienes lo someten y explotan.

Para absolver al general Mermot, la jueza Blanca Rieiro recurrió a los criterios de justicia esgrimidos por autores de los años ‘30, cuando se imponían las tesis jurídicas del fascismo. Por eso Blanca pudo distinguir torturas de apremios físicos, cómo si no fueran la misma cosa. Rieiro debería haber sufrido plantón durante una semana, haciéndose pichí en los calzones, con manoseos permanentes a su culo y tetas, para tener una idea práctica del apremio físico versión Mermot. Su forma de ver la justicia cosecha elogios y aplausos de los sectores comprometidos con la impunidad a la vez que es rechazada por quienes sentimos que en este país están ausentes la Verdad y la Justicia. Las víctimas ven la justicia con un color y los victimarios la ven sin color alguno, absolutamente negra. Blanca Rieiro eligió aplicar el sentido de justicia que protege a los impunes.

En cambio, cuando una jueza sostiene que se debe aplicar el derecho internacional a los crímenes de lesa humanidad, será implacablemente perseguida por los dueños del poder -civiles y militares- para que no practique sus interpretaciones, aunque ellas sean compartidas por la mitad de los ciudadanos que votaron en el 2009. En la misma dirección, para imponer el Olvido y el Perdón como práctica jurídica, fueron amenazados los abogados y personalidades defensores de los derechos humanos en el Uruguay. Quieren que se hagan amigos de los jueces de la impunidad, que no les den de qué quejarse. Usan su poder para presionar a quienes entienden que justicia es condenar a los criminales del terrorismo de Estado.

La retirada ordenada a los cuarteles en 1985, nos dejó sometidos a una doble tutela: la de inversores privilegiados con exoneraciones de impuestos, zonas francas y vías férreas para mejorar sus negocios y las de los mandos militares que cada tanto sacan su lengua viperina de la cesta para asustar a Tabaré Vázquez y a su ministro de defensa, Dr. Juan Vicente Chiarino.

El último 20 de mayo se salió otra vez a gritar en silencio que no queremos vivir más bajo tutela, que todos deben ser iguales ante la justicia y el derecho… en realidad, compañeras y compañeros, estamos pidiendo un imposible: el poder judicial, el derecho y el Estado siempre protegerán criminales de lesa humanidad y a inversores de cuello blanco, ¡¡es su razón de ser!! La democracia es tutelada o deja de ser burguesa y se transforma en poder popular. Esa es la realidad, pero nos entretenemos con apologías del onanismo mientras los impunidores hacen su agosto.

Alfredo, amigo mío, a menos que quisieras confirmar lo que ya sabes de antemano, realmente parece ocioso pregunta si la justicia es diferente para pobres y para ricos. Es terrible, pero no somos iguales ante los administradores del poder judicial. En la vida no somos iguales.

Jorge Zabalza

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