En su libro sobre
Fernández Huidobro, María Urruzola se refiere al asesinato de Ronald
Scarzella el 23 de abril de 1993. Este destacado dirigente del sindicato
de base Juan Benzo y del Sindicato de Trabajadores de la Industria
Química (STIQ) fue, al mismo tiempo, miembro del Comité Central del MLN
(T) y de la dirección del Zonal 4 de Montevideo. Junto con Raúl Sendic y
otras compañeras y compañeros organizaron el ‘Movimiento por la
Tierra’. Radicado más tarde en La Paloma hacía fletes con un camión. Un
día, gente con acento portugués lo contrató para un viaje y lo citaron
en la rotonda Castillos. Allí fue que lo encontraron luego, asesinado
con un tiro en la nuca, de rodillas, con las manos atadas atrás con
alambre y encapuchado. Las características de su muerte hacen recordar a
métodos
usualmente empleados por el comando caza tupamaros en Uruguay y la
Triple A en Argentina.
En esos días, en
Rocha, la jueza era la doctora Mariana Mota. En declaraciones hechas el
16 de febrero de 2013 a ‘Caras y Caretas’, Mota consideró que el
asesinato de Scarzella había sido el primer caso de violación a los
derechos humanos en que le tocó actuar. Posteriormente, cuando Mariana
ya no estaba en Rocha, el expediente fue archivado y se cerró la
investigación policial. El crimen continúa impune.
María Urrruzola
también hace referencia al protagónico rol de Fernández Huidobro en la
convocatoria de la concentración en el Hospital Filtro del 24 de agosto
de 1994, a un año y poco del asesinato de Scarzella. A través de las
ondas de CX 44 Radio Panamericana, Huidobro y José Mujica asumieron un
serio compromiso con el pedido de asilo político para los vascos en
huelga de hambre y con la multitud que, con ese motivo, se concentró en
Jacinto Vera. La salvaje represión policial que siguió dejó muchos
heridos graves y los asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal.
Policías uniformados y sin uniforme mataron a Fernando con tres
escopetazos disparados a quemarropa y a Roberto lo apuñalaron cuando
regresaba a su casa esa noche.
Ni la administración
judicial ni el parlamento fueron capaces de definir las
responsabilidades penales y políticas del caso, que alcanzaban hasta el
entonces presidente Luis Alberto Lacalle, pues fue él quien promulgó el
decreto de extradición de los tres ciudadanos vascos en huelga de
hambre, a cambio de los patrulleros y las ambulancias donados por España
en cumplimiento del tratado de cooperación. En la ‘Masacre de Jacinto
Vera’ se descontroló totalmente la violencia policial y, por
consiguiente, hubo un ejercicio ilegítimo de la fuerza institucional
contra una manifestación pacífica, fue un episodio tardío del terrorismo
de Estado…. y continúa impune. Los gobiernos y el poder judicial no han
querido que se conozca la verdad ni investigar responsabilidades por la
intervención criminal de la policía en
1994.
En el libro de
Urruzola hay también referencias al no menos oscuro asesinato de Eugenio
Berríos, cuyo cadáver fuera descubierto en la playa de El Pinar en
abril de 1995 luego de haber sido secuestrado en 1992. Berríos estaba
arrodillado y atado por los brazos, con dos disparos en la cabeza. La
justicia chilena determinó que uno lo disparó un oficial chileno y el
otro un colega suyo de nacionalidad uruguaya. Pese a la existencia
comprobada de un pacto de silencio e impunidad, el poder judicial de
Chile logró investigar y condenar a oficiales uruguayos y chilenos. En
cambio, en Uruguay, los expedientes del ‘caso Berríos’ fueron
archivados, tanto por la policía como por el poder judicial,
encubridores de hecho de los culpables del homicidio. La impunidad del
pasado se traduce en impunidad del presente, por lo menos, en el
Uruguay.
Fernández Huidobro,
Mujica y otros ex-tupamaros sostuvieron públicamente que el
procesamiento en Chile de los culpables uruguayos de la muerte de
Berríos lesionaba la soberanía nacional del Uruguay. Cuando ocuparon la
presidencia de la república y los ministerios de defensa y del interior,
estos excompañeros de Scarzella, Morroni y Facal tomaron en sus manos
las riendas de los servicios de inteligencia e información, pero
carecieron -y carecen- del coraje político de reiniciar la investigación
y procesar a los culpables del asesinato de Rony y de la masacre del
barrio Jacinto Vera.
Aunque verifican que
operaban formas clandestinas de terrorismo estatal durante la primera
década de democracia tutelada, los hechos relatados por Urruzola no
atrajeron la mirada de nadie. La existencia de esos grupos sería
confirmada por los archivos encontrados en casa del coronel Elmar
Castiglioni y dados a conocer en Brecha por Samuel Blixen.
Las evidencias revelan
que en los subterráneos de la ‘democracia restaurada’ medraba el mismo
siniestro poder que gobernaba en la dictadura. La infiltración y el
espionaje realizados por los servicios desvirtuaban el pretendido
carácter ‘primaveral’ del sistema político y que, dada la impunidad
ambiente y el tejido de complicidades políticas que la sustenta, es
posible que todavía hoy, en 2017, se mantenga en actividad alguna de
esas formas organizativas clandestinas -el ‘comando Barneix’ por
ejemplo- a la espera de condiciones que les permitan volver a infundir
terror, castigar y desalentar a quienes catalogan como enemigos.
Cabe destacar que este
fenómeno, un derivado de la impunidad, es una cuestión definitoria de
la vida política en el Uruguay. Interpela al poder judicial para que
investigue de oficio, para que revele sus conexiones políticas y procese
a quienes deba procesar. Para que defienda la república de la cual es
parte sustancial y cuyo Estado de Derecho dice proteger. Sin embargo, la
magistratura parece estar atada de pies y manos por poderes fácticos
para que no meta la nariz en estas cuestiones.
De anestesia e hiperestesia.
En cambio, esos mismos
‘actores’ políticos - ¿en qué clase de teatro actúan? – y los gerentes
de fiscalías y juzgados, reaccionaron con presteza y agilidad frente a
los testimonios recogidos en el capítulo 8 del libro de Urruzola.
Sensibilidad anestesiada para ciertos casos, sensibilidad hiperestesiada
hacia los otros.
Una semana antes del
lanzamiento del libro, sin haber podido leerlo, muy sensibles operadores
partidarios y cierta prensa color amarillento ya estaban peleando por
la carroña. Hurgaron en los contenedores intentando requechar alguna
primicia que los catapultara a la fama. El barullo extrajudicial alcanzó
decibeles suficientes para que el trabajo periodístico de Urruzola
fuera judicializado.
De las dos líneas de
testimonios del libro ¿porqué se colocó el foco en las ‘tupabandas’ de
1998 y se evitó hacer el más mínimo comentario sobre los homicidios de
Scarzella, Morroni y Facal? No está mal desempolvar expedientes con
delitos contra la propiedad cometidos veinte años atrás y, por
consiguiente, ya prescriptos, pero ¿porqué no demostrar a la opinión
pública que el poder judicial repudia los crímenes presumiblemente
cometidos por quienes se esconden en las fuerzas armadas y policiales?
Hasta ahora se ha omitido descubrir la verdad sobre los asesinatos de
Scarzella, Morroni y Facal.
Sin embargo, la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
denunciado por el poeta Juan Gelman, obliga a los poderes republicanos a
ser diligentes -y aún muy diligentes- para descubrir la verdad y
castigar los criminales del terrorismo de Estado. Quiere decir que tanto
el ejecutivo como la suprema corte acataron dicha sentencia, pero no la
cumplen cabalmente, apenas hacen como si la cumplieran. Esta es la
actitud promovida por la política de Olvidar y Perdonar los crímenes
cometidos por el Estado entre 1968 y 1985. El poder judicial demuestra
que está dispuesto a judicializar los temas que generan repercusiones
escandalosas en la opinión pública y a archivar con pasividad las causas
que pueden rozar las actividades del terrorismo de Estado, sean
anteriores o posteriores a 1985[1].
De la tortura
En declaraciones a la
prensa, el general retirado Raúl Mermot reconoció haber presenciado como
sus colegas sometían detenidos políticos a ‘apremios físicos’ para que,
una vez cansados por el tratamiento, confesaran sus culpas y las de sus
compañeros. Aunque el inculpado lo niegue, su declaración describe los
‘plantones’ habituales en comisarías y cuarteles. Los detenidos debían
pasar días y semanas de pie frente a una pared, con los brazos y las
piernas abiertas, blancos de golpes de cachiporra y de manoseos
lascivos. Mermot debió ser inculpado por tortura o, por lo menos, cómo
cómplice de ella.
Los administradores de
la ley penal aceptaron el juicio de valor de Mermot e incorporaron al
acervo de la jurisprudencia nacional la diferencia entre apremios
físicos (tortura blanda, aceptable por la opinión pública) y tortura
propiamente dicha (submarino, palo, violación, etc). ¡Una brutal
innovación en la tipificación del acto de torturar! Podrán esgrimirse
muchos fundamentos jurídicos, pero es aberrante desde un punto de vista
ético y moral. El poder judicial uruguayo ha aceptado que, en
determinadas circunstancias, sea totalmente lícito y necesario que se
torture para obtener información de los torturados. Esta aceptación se
ha vuelto lugar común en todo el discurso políticamente correcto. Es la
última victoria ideológica de los estrategas del Club Naval.
Como es muy viejo y
muy sabido, con el consentimiento de la ‘justicia militar’ -otro
contrasentido del idioma- en junio de 1973 once tupamaras prisioneras en
Punta Rieles fueron trasladadas a varios cuarteles del ejército; fue un
ensayo para el posterior traslado en setiembre de dicho año de nueve
tupamaros desde el Penal de Libertad a otros cuarteles. Mujeres y
hombres fueron sometidos por igual a un régimen de aislamiento, ellas
hasta setiembre de 1976, ellos fueron retornados al Penal en abril de
1984, pero continuaron individualmente aislados hasta setiembre de ese
mismo año.
Esencialmente, el
régimen consistía en la privación de estímulos sensoriales y afectivos
-nada trabajo en artesanías, lectura y estudio, nada de ejercicio
físico, prohibición de hablar entre sí, visitas familiares bajo
marcación individual de oficiales o guardias-, medidas restrictivas cuya
finalidad nada oculta era enloquecer a las y los ‘rehenes’. Fuimos una
especie de astronautas en tierra -o bajo ella- durante once años.
Como he relatado
públicamente en reiteradas ocasiones, mi experiencia personal,
compartida con Raúl Sendic (padre) y Julio Marenales, comprendió además
la reclusión en el aljibe de Durazno (unos meses) y en los calabozos
semisubterráneos de Paso de los Toros (más de cinco años), en
condiciones físicas insalubres. Los tres debimos hacer frente a
periódicas agresiones de oficiales, así como a plantones y golpes
durante los traslados a otras unidades del ejército. Entre traslado y
traslado las familias ignoraban nuestro destino y si nos podían visitar,
medida que generaba en madres, padres e hijas el temor a que hubiéramos
sido forzados a desaparecer.
No cabe en este
escrito extenderse nuevamente sobre la alimentación, el trato médico y
etcétera. En especial ellas están enumeradas en la denuncia judicial
que, hecha con la asesoría letrada del Dr. Juan Fagúndez, fue radicada
en el Juzgado Letrado de la ciudad de San José. El juzgado recogió
testimonios de varios de los ‘rehenes’, pero no hubo más citaciones
cuando llegó el momento de indagar a las decenas de oficiales militares
implicados. De hecho, informalmente, el expediente ha sido archivado.
El régimen de
aislamiento fue una especie de ‘apremios sicológicos permanentes’ con
momentos de alta violencia. Tortura, en una palabra. Los torturadores
fueron los oficiales responsables por las condiciones de reclusión de
los ‘rehenes’: todos los comandantes, mayores y jefes de los S-2 de las
unidades militares donde estuvimos recluidos. Uno no fue un torturado,
está siendo torturado actualmente. La tortura no termina nunca,
permanece en las pesadillas, en las conductas, en las formas traumáticas
de relaciones personales, de pareja o familiares. Nadie deja jamás de
ser torturado: las influencias de la tortura permanecen en el modo de
pensar. El torturado tiene sentimientos que lo diferencian -para peor-
de quienes nunca han sufrido la tortura.
Tampoco nadie puede
dejar de ser torturador, lo aprendió a hacer, lo hizo y sigue siendo
capaz de hacerlo. Lo hace en la vida familiar como testimonian los hijos
de genocidas organizados para defender los derechos humanos en la
Argentina (en Uruguay no lo hacen porque tienen miedo a los impunes).
Si son arrojadas a la
papelera las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad -es mi
experiencia personal, reitero- se tiene derecho a pensar que el
testimonio del torturado no tiene ningún valor para los procesos
judiciales. Es inútil testimoniar. Uno se siente totalmente
desestimulado. Inducido a creer que el testimonio del torturado no sirve
para despertar una respuesta judicial. Sin embargo, la tortura se
renueva y se repotencia al ser citado para declarar por un administrador
de las leyes penales, integrante de la institución que es una muralla
que no deja pasar la verdad y la justicia.
De la pérdida de autoridad moral.
Si el autor de
crímenes violentos es población marginal y excluida y no está vinculado
al poder político, se le aplica a rajatabla la ley penal y debe esperar
la sentencia final encerrado durante años en lamentables condiciones. En
cambio, se perdona a los autores de asesinatos, desapariciones
forzosas, violaciones y torturas que integran el poder armado. Aunque
hay casos excepcionales, cumplen sus condenas en cárceles VIP o en
prisión domiciliaria y reciben el perdón de sus víctimas transformadas
en gobernantes.
Los tres poderes
republicanos tienen muchas contemplaciones -demasiadas por supuesto-
hacia los culpables del terrorismo de Estado, pero, en cambio, son
implacables a hora de juzgar y condenar la delincuencia de origen social
que, en última instancia, agravian la humanidad en muchísima menor
medida que la barbarie del plan Cóndor. Mano dura con los pobres, mano
blanda con los militares. Al violar el principio de igualdad ante la
ley, el poder judicial está caminando en puntas de pie por el filo de la
navaja, deja de distinguir lo justo de lo injusto. Archiva los
principios éticos y morales cada vez que archiva un expediente de delito
de lesa humanidad.
El poder judicial no
hace justicia con mayúscula, sino que simplemente aplica la ley, la
administra sin importarle el trato inhumano a los presos del sistema
carcelario y, en particular, al de las cárceles donde están recluidos
menores de edad; ni las sentencias absurdas para el sentido común, como
la que permitió que un padre decidiera qué debía hacer una mujer
embarazada con su propio cuerpo; o la que entregó a los abuelos paternos
los dos hijos de una mujer asesinada delante de ellos por el
padre-policía, o las que desalojan el Parque Guaraní, la Quinta,
Verdisol y, en lo más crudo del invierno, arrojan a la calle las
familias peruanas y sus 23 niños en la Ciudad Vieja. La sensibilidad
clasista del poder judicial es la misma del Hamlet Reyes, que renunció a
la presidencia de la suprema corte para ser presidente del consejo de
estado
designado por los mandos militares del golpe. No tienen pudor ni ética
ni moral.
Cómo dice el twitter de Jorge Díaz “Actuar
éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función
pública. Quienes no lo hacen deberían ser alejados de la misma”. Sin
embargo, no existe agravio mayor a la ética que hacerse el tonto con
los crímenes de lesa humanidad. Quienes consienten la impunidad desde
sus cargos judiciales debieran ser despedidos de inmediato. No hay dudas
de ninguna especie. ¿No le parece señor fiscal de corte? ¿Qué catadura
moral tienen estos magistrados que desalojan menesterosos sin el menor
sentido de la justicia social o que tuercen la ley que legaliza el
aborto para forzar a una mujer a parir el hijo que no quiere? ¿La única
preocupación de jueces y fiscales es mantenerse trepados en su escalón
de la pirámide? Lo cierto es que
está dejando de ser necesario el servicio de las fuerzas armadas
dedicado a convertir las víctimas de la tortura en jurídicamente
culpables. En definitiva, los jueces y fiscales civiles están
sustituyendo con ventaja la ‘justicia militar’.
Del derecho a decir lo que se piensa.
La insensibilidad y la
desigualdad que caracterizan esas actuaciones del poder judicial hacen
que uno se pregunte a quienes sirve su modo de aplicar las leyes. ¿Cómo
quieren que se les tenga confianza y respeto a jueces y fiscales que no
respetan el sentir popular expresado cada 20 de mayo? ¿el sentir de la
mitad del electorado que respaldó la anulación de la ley de impunidad?
¿con qué autoridad moral se atreven a condenar a nadie? Al fin y al
cabo, la naturaleza real de la administración judicial es disimular el
ejercicio descarnado del poder político por el aparato policíaco
militar. La misma naturaleza que caracteriza a la república democrática
sea cual fuere el partido político que la gobierne. El Estado de Derecho
encubre la dictadura real de las grandes corporaciones financieras e
industriales (Chomsky dixit y Mujica asintió con
la cabeza).
Lamentablemente no queda más remedio que refrescar viejos conceptos marxistas. En 1932, Aldous Huxley decía que “Una
dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería
básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera
soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en
el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su
servidumbre”. ¿No será ésa la verdad sobre el Uruguay actual? ¿No
somos esclavos que besan el látigo de los mentirosos y demagogos de todo
pelo y laya? ¿no estamos besando a los judas que nos entregan atados de
pies y manos a los grandes capitales transnacionales?
Tal vez el único valor
que tenga mi vida, sustentado en la memoria de mis muertos -de Ricardo y
de los demás hermanos y hermanas- haya estado en la negativa a besar el
látigo, donde sea, en el submarino, en el calabozo o ante los
administradores de las leyes penales. No me siento con ánimo de
atestiguar ante un poder judicial que lleva treinta años protegiendo a
los culpables del terrorismo de Estado. Lo siento completamente
contrario a los intereses populares.
¿Testigo de qué puedo
ser? ¿de hacer público el pensamiento de un colectivo? ¿de seguir
pensando que la revolución socialista será la gigantesca expropiación a
los expropiadores, a ese 1% dueño de todo? Por supuesto, apenas
compartidas por unos pocos en la actualidad, estas perspectivas son
rechazadas por los gerentes de fiscalías y juzgados, que han sido
designados con anuencia de los poderes fácticos para desalentar y frenar
los procesos de crecimiento político de la conciencia.
Quisiera colaborar con
un poder que judicial que actúe en función de la justicia y no para
evitarla. Que me imponga su autoridad en virtud de sus valores éticos y
morales. Tendré que aguantarme vivo hasta que una insurrección instale
alguna forma de justicia popular que sienta en las entrañas la necesidad
de condenar los crímenes de lesa humanidad y que compartan la idea de
expropiar a los expropiadores. Una justicia que se alegre cuando se
alguien se adelante al gran día y aplique la ley popular por su cuenta,
con inteligencia, habilidad, sin necesidad de violencias inútiles.
Es totalmente legítimo
auto atribuirse el derecho a no reconocer un poder judicial que protege
los crímenes más aberrantes de la humanidad y correr el riesgo de ser
perseguido, pero “si non navigare ¿para qué vivere?”, paráfrasis del
lema de Carlos Quijano hecha por Líber De Lucía en un periódico que
imprimía clandestinamente en el penal de Punta Carretas.
Saluda atentamente
Jorge Zabalza
RECUADRO
Con mucha cortesía fui
citado por la Sra. Actuaria Camejo para concurrir, en calidad de
testigo, al Juzgado Penal N° 14 el día 23 de agosto del corriente año.
Me van a hacer algunas preguntas en el marco del Expediente N°
106-2604/2017, que tiene que ver con testimonios sobre hechos ocurridos
en 1998 que podrían involucrar al Movimiento de Liberación Nacional.
En realidad, no
pertenezco a dicho Movimiento desde 1995, pero seguiré sintiéndome
Tupamaro hasta esa muerte que vengo esquivando con ayuda de muchísima
gente. Al no ser miembro en 1998, mal puedo atestiguar sobre
acontecimientos que ocurrieron en ese año. Puedo aportar, por supuesto,
algunas reflexiones generales al respecto y que son públicas desde hace
varios años.
Me he sentido -y me
siento- ética y moralmente obligado a compartir esas reflexiones que
involucran modos de pensar y de sentir compartidos por los tupamaros al
salir de las cárceles en marzo de 1985. Esas ideas revolucionarias y las
emociones que despertaban permitieron nuclear alrededor de tres mil
militantes en la reorganización del MLN (T) y, posteriormente,
participar en la creación del Movimiento de Participación Popular, como
polo ideológico revolucionario para detener el corrimiento del Frente
Amplio hacia el centro social y político. Existe, pues, un compromiso
reciente, con las y los tupamaros que protagonizaron la historia actual
(ya alejados de las filas del MLN), con el discurso que se sostuvo luego
de la reorganización y que formalmente fue compartido hasta 1994 por la
dirección del MLN, como consta en documentos de las Convenciones
Nacionales del MLN,
artículos de ‘Mate Amargo y declaraciones públicas de sus dirigentes.
El compromiso
contraído desde marzo de1985 dio origen a una cantidad de propósitos
concretos que están en conocimiento de los servicios de inteligencias
por dos motivos: 1) desde el mismo día que salimos en libertad fuimos
sometidos a espionaje e infiltración, comprobados por la documentación
hecha pública por el tupamaro y periodista Samuel Blixen. Cabe destacar
que en los archivos confiscados a Castiglioni faltan una serie de hechos
cruciales: los posteriores a la toma del cuartel de La Tablada y los
que tienen que ver con la Masacre de Jacinto Vera. Fueron fundamentales
para que algunos dirigentes fueran rompiendo con su anterior compromiso
revolucionario; 2) porque en última instancia, con todo el derecho del
mundo, se puede inferir que esos propósitos comunes fueron puestos en
conocimiento de aquellos oficiales militares de los servicios de
inteligencia con los que
notorios ex tupamaros han mantenido los contactos políticos, amistad y
negociaciones que tuvieron comienzo en 1972 en el Batallón N° 1 de
Infantería, más conocido como Batallón Florida. Si esas informaciones
obran en conocimiento de los servicios de infiltración y espionaje ¿por
qué, entonces, se deberían mantener en secreto?
El vínculo emocional
que me hermana a las y los tupamaros que siguen estando desaparecidos, a
las y los dieron la vida en combate o murieron asesinados o en tortura o
las y los que fueron violados, torturados y sometidos a condiciones
inhumanas de prisión, me compele a compartir y mantener vivas aquel modo
de pensar que, como también es de público conocimiento, no ha sido
mantenido y, hoy día, tanto el MLN como el MPP son instrumentos para que
el gobierno, por detrás del escenario público, de las corporaciones
financieras e industriales especialmente de capital transnacional. El
debate -hoy judicializado- que reabrió el libro escrito por María
Urruzola y la convocatoria a un juzgado penal, son apenas oportunidades
para no dejar que sustituyan la historia con olvido, perdón y un
‘cuentito de hadas’.
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