CONTABILIDAD DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
Autor: William Yohai
27 de agosto de 2017
En
nuestro último trabajo analizábamos las ganancias privadas resultado de la
privatización de la generación de energía eólica. Nuestra estimación:
ganancias anuales por cerca de 125 millones de dólares. En 20 años 2.500
millones.
En
dicho cálculo no entraban las que perciben los privados que, asociados bajo
distintas modalidades a UTE, integran parques que figuran en la lista de estos
como pertenecientes al ente estatal. Es aún más difícil cuantificar estas
ganancias que las que presentamos antes
y que corresponden a los parques con contrato PPA (contrato de compra de
energía) y que obligan a UTE a comprar toda la que estos molinos generan durante
20 años.
No
hemos contabilizado aquí, además, otro fenómeno negativo: UTE paga (durante
esos 20 años) cantidades de dinero que permiten a privados invertir (utilizando
generalmente crédito con garantía estatal), amortizar la inversión, mantenerla
operativa y renovar los equipos, ganar dinero y, además, conservar la propiedad
de las instalaciones.
UTE
gasta pero no se queda con otra cosa que la parte de la energía generada que
efectivamente necesitará en cada momento. Gran parte, variable, del total generado
no será utilizado por ella.
Fernando
Esponda y Jorge Molinari[1]
han analizado (trabajo citado en nuestra publicación anterior) los porqué de
esta elección de UTE.
De
acuerdo a la evidencia que nos presentan, el origen de tal decisión por parte
del Estado Nacional estaría en un tema contable.
Cuando
una empresa, (pública o privada, tanto da) invierte, el monto se contabiliza
como tal. No como un gasto. El resultado de la inversión en relación a los
activos y pasivos (recordemos que activo-pasivo=capital según la
ecuación básica de la contabilidad) es aproximadamente neutro. Por un lado sale
dinero (ya sea a partir del que la empresa dispone o, más frecuentemente, a
partir de un crédito bancario o de otro tipo); por otro lado ese dinero tiene
una contrapartida en el balance: el ingreso del activo que fue adquirido en la
contabilidad.
El
activo ingresado se irá integrando, como pérdida a lo largo del tiempo de
acuerdo a la duración estimada del mismo.
Una
“recomendación”, más bien orden, del Fondo Monetario Internacional de 1986
instruía a los estados a cambiar esto. Se trataba de contabilizar la inversión
pública totalmente como gasto en el momento de ejecutar la misma. Dicho gasto
pasaba, al mismo tiempo, a integrar el balance fiscal. O sea aumentaba el
déficit fiscal crónico que la mayoría de los estados arrastran desde que
existen.
Los
estados quedaban así entrampados en una disyuntiva de hierro: o invertían,
aumentando así su déficit y complicando sus posibilidades de acceso al crédito,
o no lo hacían, condenando a los países a constreñir el desarrollo de obras de infraestructura de
todo tipo, carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas, etc.
Para
zafar de este dilema de hierro, profundamente recesivo y retrógrado, surgen,
también recomendados por los multilaterales de crédito, una serie de mecanismos
que, de hecho, conducen a la privatización de empresas de servicios públicos:
las hoy tan mentadas PPP. Participaciones Público Privadas que implican
privatización de los servicios con el agregado de beneficio para privados: los
riesgos de mercado u otro tipo los asume el Estado.
Los
PPA de UTE son una forma de este tipo de mecanismos.
Lo
más interesante es que el mismo FMI emitió en 2001 documento que revertía lo
planteado en 1986. Allí se recomendaba volver a contabilizar la inversión
pública tal cual siempre se había hecho y como hemos descrito más arriba.
Sin
embargo, Uruguay ha tomado preferentemente el camino recomendado en 1986. Tal
sucede con la generación eólica, la cárcel que se inaugurará próximamente en
Punta Rieles, el mantenimiento de infraestructuras escolares, etc. La
remodelación del Hospital de Clínicas por esta vía fracasó por oposición de los
sectores que cogobiernan la UDELAR.
ANCAP
adoptó por su lado un criterio distinto para las inversiones que realizó los
últimos años. De allí surge el déficit del que tanto se habla estos días. Más
allá de los errores (y horrores) que parecen haberse cometido por el ente al
llevar adelante estas inversiones, nos queda la impresión de que la saña con
que prensa, oposición política e incluso sectores del partido de gobierno
exhiben con lo realizado por aquella tienen mucho que ver con esta
confrontación de visiones en la contabilidad de la inversión pública.
El
método PPP (o PPA en el caso de UTE) termina ocultando las obligaciones que el
Estado asume cuando invierte. En el caso de ésta valoramos la correspondiente a
los contratos PPA vinculados a los parques eólicos en 4.550 millones de
dólares. Cifra que coincide con la estimada por los autores citados. Si se le
agregan las demás obligaciones asumidas
por UTE en 20 años (biomasa principalmente por las plantas de celulosa,
asociaciones en parques eólicos, fotovoltaica) el total de los pagos
comprometidos asciende a 7.000 millones. Comparémoslo con el total de la deuda
pública bruta que informa el BCU incluyendo intereses: 49.279 millones de
dólares. Dicho de otra forma bajo el manto del mecanismo PPA; UTE está
escondiendo un 14% del total de la deuda pública.
Esponda
y Molinari calculan cuánto se hubiera incrementado el déficit fiscal si la
inversión en generación eólica se hubiera realizado directamente por UTE y
contabilizado según los criterios FMI de 1986. La cifra suma varios enteros
porcentuales lo que hubiera elevado dicha variable a niveles posiblemente
incomptatibles con la actual calificación del riesgo de la deuda pública
uruguaya dentro del grado inversor. Si se hubiera contabilizado según los
criterios FMI 2001 los números del déficit no hubieran variado
significativamente. Sí lo hubieran hecho los que informa el BCU en el rubro
deuda pública.
Ignoro
que opinarían al respecto las temibles calificadoras de riesgo pero es evidente
que la sostenibilidad real de la deuda sería mucho mayor de haberse invertido
directamente a través de UTE. Por lo menos las ganancias privadas, no menos de
2.500 millones de dólares, no existirían como endeudamiento real.
En suma: 1) optar por el mecanismo PPA (una variante de las PPP) para
llevar adelante la “revolución eólica uruguaya” cuesta a nuestra economía sumas enormes de dinero. 2) Las razones para
hacerlo parecen estar mucho más dentro de la órbita de una concepción
ideológica neoliberal-privatizadora a ultranza que de razones económicas
reales.
[1] “La dimensión contable de
la revolución eólica uruguaya”-Fernando Esponda y Jorge Molinari. Disponible en
www.resonandoenfenix.blogspot.com Allí se encuentran también las referencias a
los documentos del FMI mencionados en este trabajo.
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