Autor: William Yohai
9 de febrero de 2019
Hace unos días el MOVUS publicó un
“desafío” a debatir con el gobierno los aspectos económicos del proyecto UPM2.
A pesar de que no integramos la organización nos tocó elaborar los números
sobre los cuales se basó el “desafío”. Éste tuvo cierta repercusión mediática.
El gobierno no respondió específicamente al mismo, pero curiosamente
(¿casualidad?) ...días después de conocido el “desafío” aparecen en página de
Presidencia una serie de estudios que habían sido, hasta ahora y suponiendo que
ya existieran, cuidadosamente escamoteados a la opinión pública. Son varios
trabajos extensos y es probable que no nos sea posible estudiarlos todos.
Empezamos por el tema que ha sido nuestra “especialidad”….los números que
expresan el costo beneficio del proyecto. A tal fin leimos “Evaluación financiera de ingresos y
egresos del proyecto UPM2”[1]
El trabajo aparece sin firma por lo cual se considera
la “voz oficial” del gobierno. Largo y de no fácil lectura comentaremos apenas
lo que nos parece su piedra angular: “En suma, la puesta en marcha de una tercera planta de
celulosa con el rango de capacidad de producción especificado en la VAL, y de
mantenerse los precios de exportación de los últimos años, tendría un impacto
incremental en las exportaciones de bienes en torno a los US$ 1.155 millones.
Teniendo en
cuenta que los insumos para la producción de celulosa serán principalmente de
origen
nacional, un incremento de las exportaciones de aproximadamente US$ 1.155
millones
redundará en un
aumento de similar magnitud en el Producto Interno Bruto, aproximadamente
1,9% del PIB a
valores de 2017.
Una posible
estimación del impacto recaudatorio de la puesta en marcha de la segunda planta
de UPM podría
realizarse a partir de la presión tributaria sectorial de DGI y BPS del sector
“A.020-
Silvicultura,
extracción madera y servicios conexos”: en promedio 14,9% del valor agregado
sectorial en el
periodo 2011-2014.
Considerando
que aproximadamente el 30% 2 del PIB antes mencionado se generaría dentro de
la zona franca,
y por ende no se encontraría gravado, el coeficiente de presión tributaria
sectorial
corresponde se aplique sobre el 70% restante del PIB. En efecto, esto equivale
a decir
en forma
simplificada que, un aumento del PIB de US$ 1.155 millones se podría traducir
en
recaudación de
la DGI y del BPS por aproximadamente US$ 120 millones anuales.”
¿porqué decimos que es la piedra angular
del análisis económico financiero del proyecto?
Porque todos los números que siguen, y son
muchos, se basan precisamente en esa supuesta recaudación de 120 millones de
dólares anuales de impuestos que generaría UPM2 al funcionar a plenitud. O sea,
frente a los costos para el país (gravemente minimizados ya que no se consicera
el contrato eléctrico) se contrapone esa cifra de hipotética recaudación y se le
suman los magros cánones que pagaría UPM. Veámoslo en detalle: 1) Se afirma que
(después de revisar antes los precios de exportación de la celulosa) la planta
incrementaría las exportaciones nacionales en U$S 1.155 millones, un 1.9% del
pbi. Y se dice que dicho aumento del pbi se debe a que los insumos para la
producción de celulosa son en su gran mayoría de origen nacional. En efecto, para calcular el pbi generado por
cualquier producción se detraen del valor total generado los valores sumados de
los insumos que entraron al proceso. Dicho de otra forma, la mayoría del valor
(U$S 1.155 millones) exportado fue generado antes de la entrada de la
planta. 2) Entonces, ¿en qué quedamos… si el 70% del valor se generó al
producir los troncos (materia prima esencial, seguramente la mayoría del valor
que ingresa a la planta que se complementa con los químicos que se utilizan en
el proceso, parte de ellos producidos también en el país) está claro que la
planta no provoca un aumento del pbi del 1.9%. Si seguimos el razonamiento
del gobierno la planta genera apenas un 0.57% de aumento del pbi. El resto
se produce en los viveros, los montes, el transporte, los químicos, etc. Y,
consecuentemente, los 120 millones de dólares de recaudación del bps y la dgi
que supuestamente provocaría UPM2 no existen.
Dicho de otra forma: si no se construye
ninguna planta de celulosa los troncos producidos por los árboles que ya están
plantados y creciendo generarán (de hecho ya lo están haciendo aunque aún no
estén siendo cosechados) un aumento del pbi del 1.33%. Y la consecuente recaudación excedentaria de 120 millones de
dólares por concepto de aportes al bps e impuestos para la dgi.
3) Y, que conste en actas, estamos tomando
el dato de los 120 millones de dólares del gobierno a “valor facial”. Número
que dada la “precisión” de lo que mencionamos antes debería ser estudiado con
lupa.
4) Esto se corresponde “en espejo” con lo
que hemos planteado reiteradamente respecto a la negociación del contrato: en
2014 el expresidente Mujica fue a Finlandia a rogar que la empresa se dignara
instalar su segunda planta. Y recibió una respuesta fría y negativa. Recién a
mediados de 2016 parece que comenzaron, ya con Tabaré Vázquez como presidente,
las negociaciones. Dado que los árboles necesitan no menos de 7 años para ser cosechados es
claro que ya en ese entonces la gran mayoría de los que necesitaría la nueva
planta estaban creciendo. Para ese entonces Uruguay no necesitaba una nueva
planta de celulosa los eventuales beneficios (sin entrar aquí a considerar los
graves efectos económicos, ambientales y sociales de la forestación masiva y
concentrada tienen sobre el país) económicos de la planta (al menos en un 70%
según el gobierno confiesa) eran un hecho. Pero la otra parte (UPM) sí
necesitaba una planta de celulosa. Para producir los más de 2 millones de
toneladas anuales se necesitan entre 7 y 8 millones de toneladas de troncos.
Considerando una producción anual por hectárea de 30 toneladas la superficie
plantada para abastecer el proyecto debía, ya en ese entonces ser del orden de
las 250.000 hectáreas[2].
¿Cómo podía UPM exportar (los troncos tal
cual están plantados y manejados los árboles no sirven para otra cosa que
producir celulosa) esa cantidad de madera para producir, eventualmente, la
celulosa en otro lado? Resulta difícil imaginarlo.
El país invierte, entre el ferrocarril,
el traslado del puerto pesquero, el viaducto por encima de la vía férrea a la
entrada del puerto, la energía que se compromete a comprar a UPM a un precio
inflado durante 20 años (tema que no trata el análisis que comentamos) una
cifra no inferior a U$S 4.000 millones.[3] Si seguimos el razonamiento del gobierno los 120 millones de
impuestos y aportes laborales se hubieran generado de todas formas si UPM no
hacía la planta. Es más: la logística para exportar esos troncos necesitaría
seguramente muchos más puestos de trabajo que los que empleará la planta. Y
generaría muchos más impuestos y aportes.
Pero no vale la pena ni plantearse esa
posibilidad: ante un gobierno que se hubiera mantenido firme, sin conceder zona
franca ni otras exenciones[4] ni, mucho menos realizar
enormes inversiones en infraestructura para uso casi exclusivo de la empresa,
UPM hubiera de todas formas llevado adelante el proyecto. Es que no le quedaba
otra.
[1] https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2019/noticias/AD_336/0.%20Escenarios%20UPM%20versi%C3%B3n%20MEF%20OPP%20(10-12).pdf
[2] Mientras que el ministro Rossi ha afirmado
más de una vez que “los árboles ya están plantados”, tal como hizo el director
de planeación de opp Fernando Isabella hace más de un año; UPM ha dicho que
necesitan sembrar de 60 a 90 mil hectáreas más de eucaliptus. Si esto fuera
cierto, de todas formas el razonamiento permanece completamente válido.
[3] Y este dinero, a pesar de que la forma PPP
(participación público privada o PPA para el caso de la energía), evitan que
figure como deuda pública en los informes del bcu resulta en un aumento de ésta
en no menos de un 5% del pbi. O sea empeora severamente el tan mentado
“cociente deuda/producto” uno de los supuestos puntos clave del “investment
grade” que se utilizan como caballito de batalla para justificar el proyecto.
[4] Digamos, de pasada, que la cláusula que obliga
al gobierno a firmar “Acuerdos Anticipados para los precios de transferencia”
sugiere poderosamente que se exencionarán de impuestos también las plantaciones
de árboles que hoy ya no lo están.
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