AFAP: una nueva estafa del sistema financiero (Ahora lo dicen el BID y la OIT)

Hace algunos años escribimos un par de trabajos con el título del asunto.

En esencia: las comisiones que cobran las AFAP a los aportes de los
trabajadores constituyen una verdadera estafa. Más de 20% (contando
comisiones propiamente dichas y seguro) sobre los mismos. ¿que trabajo
hacen las AFAP? reciben la plata del BPS que asume los costos vinculados
a la recaudación y la colocan en diversos papeles financieros. La mayor
parte títulos del Estado. Trabajo para ¿2, 3, 10? personas.

Por ello perciben cuantiosas comisiones. Uruguay asumió el tema con un
sistema mixto que, por un lado deja parte del dinero en el propio BPS.
Por el otro la AFAP más grande que suma más de la mitad de los aportes
pertenece al propio Estado. Esto minimiza las pérdidas. AFAP República
(cuyos accionistas son BPS, BSE y BROU) opera en la práctica como un
recaudador de impuestos sobre las jubilaciones de sus afiliados. El
resto (privadas) como mecanismo de succión de plusvalía sobre los
trabajadores.

Hay un tema interesante y que la crisis económica que se instala
paulatinamente en el país develará: Cuántas de las inversiones de las
AFAP que no fueron al Estado o instituciones financieras internacionales
y sí lo hicieron a empresas privadas nacionales serán incobrables. A
nivel anecdótico conocemos unas cuantas que si aún no se han develado
tales es probable que lo hagan próximamente. Desconozco su cuantía.

OIT recomienda reestatizar los fondos de pensión. ¿le haremos caso ahora
que se plantea la reestructura del sistema en sentido de perjudicar a
los trabajadores? ¿que dicen los candidatos sobre el tema? ¿cuánto
mejorarían las prestaciones si se eliminan las comisiones? y ello sin
aumentar el gasto público.

Veremos.

William Yohai



INFORMES


  Sistema de pensiones: OIT analiza los efectos de la privatización y el
  BID los subsidios

El tema de la seguridad social se impone en la agenda nacional y también
en otros países. En ese contexto, dos organismos internacionales
realizaron informes poniendo el foco en distintos aspectos de los
regímenes de la región y el mundo, y efectuaron consideraciones que
incluyen a Uruguay.


lunes, 22 abril 2019 04:00

La OIT marcó que la privatización de los pensiones afectó los niveles de
cobertura, aunque Uruguay sigue estando entre los mejores. Foto: archivo
El País.

En *Uruguay *el tema se impuso en la *campaña electoral*, pero es un
debate que hoy están llevando a cabo (o tienen pendiente) varios países
del mundo. La realidad de los sistemas de *pensiones*, la búsqueda del
mejor modelo para dar cobertura al momento del retiro de la vida laboral
activa y no comprometer las cuentas públicas, y las condiciones exigidas
para acceder a una jubilación, son algunas de los temas sobre los que se
discute.

En algunos han hecho foco recientes informes de dos organismos
internacionales: la *Organización Internacional del Trabajo (OIT)* y el
*Banco Interamericano de Desarrollo (BID)*.

El primero en un trabajo titulado “La reversión de la privatización de
las pensiones” analizó lo ocurrido en 30 países que entre 1981 y 2014
decidieron apostar por un sistema privado -total o parcialmente, este
último caso es el de Uruguay- de seguridad social.

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La conclusión a la que arriba la OIT es que hubo un “fracaso” de esos
modelos en “mejorar la seguridad de ingresos en la vejez” y tuvieron un
“bajo desempeño en términos de cobertura, niveles de beneficios, costos
administrativos, costos de transición”, así como “impactos sociales y
fiscales negativos”.

Uruguay fue en 1996 el quinto país de América Latina que modificó su
régimen de seguridad social e incorporó un pilar de ahorro individual en
base al dinero aportado a las *AFAP*, que se combina con el sistema de
solidaridad intergeneracional del *Banco de Previsión Social (BPS)*. Han
existido cambios legales, pero a diferencia de otros 18 países, no se
optó por revertir “total o parcialmente la privatización de las pensiones”.

“Considerando que el 60% de los países que habían privatizado los
sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la
privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos
negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de
la privatización ha fracasado”, indicó la OIT.

Repasó que los modelos privados no dieron “los resultados esperados”,
dado que “las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los
niveles de las pensiones se deterioraron, y se agravaron las
desigualdades de género y de ingresos”.

Respecto a la tasa de cobertura (porcentaje de la población que accede a
jubilaciones), la OIT marcó que “en Uruguay se estancaron en torno al
70% entre 1995 y 2003”. Además, según un promedio ponderado de nueve
países latinoamericanos entre los que está Uruguay, la cobertura
“disminuyó del 38% antes de las reformas pro-privatización al 27% en
2002, luego de las reformas”.

Pese al análisis de la OIT, Uruguay suele aparecen en los rankings sobre
cobertura entre los países mejor posicionados, con más del 80% de la
población accediendo a una pensión.

El reporte también señaló que en los regímenes privados “el riesgo
asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se traslada a
los individuos”, mientras que “los costos administrativos se
incrementaron” tras las reformas, bajando los “niveles de prestaciones”.

Sobre lo ocurrido en Uruguay, menciona que en 1990 previo a la reforma
de la seguridad social los costos administrativos como porcentaje de las
cotizaciones eran del 6,5% y pasaron al 18,2% en 2002.

“Gobiernos como los de Argentina y Kazajstán, introdujeron topes para
bajar las excesivas comisiones cobradas”, repasó la OIT. En Uruguay la
ley de “cincuentones” -aprobada en 2017 para permitir a un grupo de
trabajadores afectados en su jubilación retirarse por el régimen
anterior (solo por BPS)- se incorporó una disposición que determina que
ninguna AFAP podrá tener una comisión mayor en 50% a la más baja del
mercado (que es República).

El análisis de la OIT sostiene que “los altos costos de transición -a
menudo infravalorados- crearon grandes presiones fiscales”. Una de las
causas de este fenómeno es que “el gobierno tenía que reconocer los
derechos a prestaciones o los derechos adquiridos de los asegurados del
sistema anterior”, como pasó en Uruguay con los “cincuentones”, cuya ley
de reparación se estima que tendrá un costo de US$ 2.500 millones.

Por esos costos fiscales, la OIT indicó que “la mayoría de los gobiernos
exigían a los fondos privados de pensiones que invirtieran sus reservas
acumuladas en bonos del *Estado*, lo que creó una dinámica circular en
la que los únicos beneficiarios eran las administradoras privadas de
pensiones”.

También apuntó que “la industria de seguros, quien en última instancia
se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la
concentración”. En el esquema local son las que pagan la jubilación en
base al ahorro en las AFAP y hace años que solo lo hace el *Banco de
Seguros del Estado (BSE)*.
El informe añadió que “debido a la fuerte concentración de las
inversiones en bonos del Estado y depósitos bancarios, los fondos
privados de pensiones contribuyeron muy poco al desarrollo del mercado
de capitales”. En Uruguay “apenas se invierten fondos en valores
locales”, advierte la OIT, aunque las AFAP han dicho están limitadas por
la regulación y la baja oferta.


    Uruguay está entre los que menos subsidia

El reporte *“Pensiones: la próxima urgencia”* del BID analiza varios
aspectos de los sistemas de seguridad social de América Latina,
concluyendo que “muchos” países “enfrentan deficiencias en la cobertura,
adecuación y sostenibilidad”. A la hora de evaluar cómo operan los
distintos modelos de pensiones, el BID señaló que hoy “la gran mayoría
subsidia a los trabajadores que participan de manera continuada” del
trabajo formal, esto porque “los aportes que realizó a lo largo de su
vida no logran financiar la totalidad de la pensión que recibe”.

Tras distinguir entre dos esquemas de jubilación, los que tienen un
beneficio definido -“donde el monto se determina por una regla o promesa
de pensión”- y los de contribución definida -“donde la pensión depende
de la cantidad ahorrada por el trabajador y del rendimiento financiero
de esta”-, sostiene que en los primeros en promedio un 44% de lo que
reciben los trabajadores retirados proviene del subsidio y en los
segundos es un 31% (tomando siempre que la persona alcanzó el 100% de
densidad de cotización). En Uruguay la jubilación de los trabajadores
tiene dos partes, una de beneficio definido que paga el *Banco de
Previsión Social (BPS)* y otra de contribución definida en base al
dinero ahorrado en las AFAP.

El BID estudió 34 sistemas de pensiones de 27 países de la región y
ubicó a Uruguay entre los que menos subsidia las jubilaciones tomando el
valor monetario promedio del subsidio y ajustado por paridad de poder de
compra. En efecto, la parte de contribución definida tiene subsidio cero
y la de beneficio definido da el menor subsidio con excepción de Haití.
En el otro extremo aparecen México, Paraguay y Ecuador, que tienen
sistemas de beneficio definido y son los que más subsidian.

“El reto con estos modelos es que los subsidios, mientras están
diseñados para beneficiar a los que tienen los salarios más bajos, no
necesariamente benefician a las personas con mayor necesidad de ayuda.
En el caso del modelo de beneficio definido, en términos absolutos se
otorga un mayor monto de subsidio a los jubilados que más ganan”, señaló
el BID. También puso el foco en que “en ambos modelos se excluye y en
algunos casos se perjudica a aquellos trabajadores que contribuyen de
manera esporádica a los sistemas de pensión, que en la mayoría de los
casos son las personas más vulnerables y con trabajos inestables”: en
los sistemas de beneficio definido “los pensionados pierden todo lo que
aportaron si no lograron ahorrar lo suficiente” y en los de contribución
definida “mientras pueden recuperar el monto que aportaron, no podrán
acceder a las pensiones mínimas o a los seguros de longevidad si no
logran los años suficientes”.

Esos cuestionamientos del BID apuntan a los países que optaron por un
sistema, pero no aplican para Uruguay cuyo diseño de seguridad social
combina los modelos y logra mitigar (al menos algunas) falencias.


    Pasos para la reversión del régimen previsional

“La privatización de las pensiones se puede revertir rápidamente”, dice
la OIT y marcó pasos a seguir para los “países que están considerando
reconstruir sus sistemas públicos de pensiones”. Llamar a un diálogo
social para “generar consenso”, conformar un “comité técnico” que se
encargue de “diseñar e implementar” la reforma, aprobar la ley con “las
principales características del sistema”, tener “un ente administrador
público que garantice la gobernanza tripartita (con empresarios,
jubilados y trabajadores)” y transferir “los recursos acumulados en las
cuentas individuales”, son algunas de las recomendaciones.