1. EL
CONTRATO. Mucho se
habla de vaguedades y posibilidades, cuando lo correcto es atenerse a lo
concreto y definido.1 El contrato establece una serie de obligaciones que en forma
unilateral debe cumplir “Rou” (el gobierno uruguayo) para que después de que
todas y cada una de ellas estén cumplidas, a juicio de Upm, ésta tome la
decisión final de invertir o no. Nos parece imprescindible resaltar lo lesivo
para la soberanía nacional que representa el conjunto de este contrato, que se
sintetiza en este artículo: “4.3. Las partes reconocen y acuerdan que la
decisión final de inversión de Upm sobre si procede o no con el proyecto de
planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de Upm, aun cuando cada
una de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas y el contrato
suplementario haya sido suscrito”.
2. INVERSIÓN
DE UPM. Invertiría
2.000 millones de euros (2.480 millones de dólares de hoy). Cabe destacar que
durante más de dos años el gobierno difundió la cifra de 4.000 millones de
dólares, quizás orientada a abonar en la población una percepción favorable al
emprendimiento (al igual que con otras cifras).
3. INVERSIÓN
DE URUGUAY. A)
Construirá un ferrocarril moderno (Montevideo-Paso de los Toros) a su costo,
que se estima en 700 millones de dólares. B) Se compromete a comprar
obligatoriamente la energía producida por la planta. Se trata de 905 millones
de dólares (72,5 millones de dólares anuales, descontados al 4,5 por ciento
durante 20 años). A nuestro entender, otro subsidio encubierto a la empresa.
Destacamos que en los plazos planteados el país no necesitará esta energía. C)
Construirá un viaducto a la entrada del puerto de Montevideo cuyo costo
(incluido un 15 por ciento de imprevistos) sería de 144 millones de dólares.
Esto se complementaría con un nuevo puerto pesquero en Capurro; otros 103
millones de dólares. No olvidemos que Uruguay invirtió entre 30 y 35 millones
de esa moneda en un puerto maderero en La Paloma, que sólo operó un año y
medio.
Falta
cuantificar la inversión en obras complementarias; el reforzamiento de las
capacidades de la Dinama; “servicios externos” de asesoría ferroviaria que Upm
contratará y deberá pagar Uruguay.
La inversión
hasta ahora cuantificada que debería hacer Uruguay suma 1.850 millones de
dólares. Es el 43 por ciento del total que necesitaría el proyecto. ¿Por qué
Uruguay no negocia al menos un 40 por ciento de las acciones?2
4.
EXENCIONES FISCALES. No sólo la
planta (que estará en zona franca, pese a que en Brasil les cobran entre 30 y
33 por ciento e igual se radican allí), sino todas las plantaciones forestales
pueden ser desgravadas por la cláusula que obliga a firmar un acuerdo de
precios anticipados entre Upm y la Dgi, que regulará los precios de
transferencia de la madera desde las plantaciones (que teóricamente deberían
pagar impuestos) hasta la zona franca. En suma, una zona franca de 255 mil (o
más) hectáreas. Esperemos que estos acuerdos de precios no reiteren la experiencia
de Ancap al vender a las plantas el fuel oil por debajo del costo de
importación. Esto implica la constitución de un oligopolio gigantesco, ya que
Upm absorbería tres importantes empresas (Cofusa –40 mil hectáreas–, Forestal
Río de los Pájaros –sin datos– y Elmadur –sin datos–). Las fusiones también
estarán libres de impuestos.
5. GANANCIAS
DE LA EMPRESA. De acuerdo
a datos de múltiples fuentes internacionales relevadas, el costo de producción
de la celulosa en Uruguay ronda los 300 dólares por tonelada. Desde 2000 hasta
2018 el precio internacional ha oscilado entre 400 (punto más bajo, en la
crisis financiera de 2009) y 800 dólares la tonelada, y hoy está en torno a los
700 dólares. Dos millones de toneladas al año significan unos 800 millones de
dólares de ganancia; en 20 años suman 16.000 millones de esa moneda.
Descontando la inversión (2.480 millones de dólares), la empresa se llevaría,
neto, 13.520 millones de dólares. En tres años desquita la inversión. Por cada
dólar que trae se lleva cinco.
Un negocio
espectacular, con pagos mínimos por concepto de cánones y algunos aportes al
desarrollo tecnológico, que no pasarán de 8 millones de dólares anuales. La
experiencia de las pasteras existentes indica que el canon abonado por ellas es
menor a los gastos anuales de la Dinama por inspección, medidas compensatorias,
análisis de laboratorios y similares, necesarios para el control del
funcionamiento de esas plantas.
6. EMPLEO
DIRECTO. A) El
Mvotma informa que durante la construcción el promedio será de 2.850 puestos de
trabajo, con picos de 4.500.3 A) Con la planta operando, difícilmente se
necesiten más de 500 trabajadores.4
7. EMPLEO
INDIRECTO. En su
presentación a la Cámara de Industrias (febrero de 2018) Upm señaló que
generará “4.300 empleos directos e indirectos, más 2.700 inducidos”, y por otra
parte consideró “8 mil puestos de trabajo adicionales en la cadena de valor”.
Ya analizamos los directos, pero el cálculo de los indirectos tiene un serio
problema: prácticamente toda la forestación necesaria para abastecer a la
planta (propia o a contratar) ya existe, no será empleo “generado” por ésta. Lo
mismo ocurre con los servicios a estas plantaciones y el transporte requerido
para su producción (se dirija o no a la planta). En cuanto a los “inducidos”, Upm
habla de “600 empresas pequeñas y medianas adicionales”. ¿Serán los camioneros?
¿Unipersonales de servicios? Tengamos presente que las dos plantas de celulosa
ya existentes no “multiplicaron” a prácticamente ninguna empresa (real)
adicional. En cuanto a las menciones a la “cadena de valor”, es un concepto muy
incipiente, y por lo tanto flexible y poco riguroso. En todo caso nos importa
una “cadena de producción” y no una “cadena de ganancias”.
8. OTROS
IMPUESTOS. La empresa
señala que (fuera de la zona franca) abonará unos 120 millones de dólares
anuales a partir de la “cadena de valor”. El análisis anterior demostró que Upm
se atribuye como generada por ella una serie de actividades ya existentes. Al
no ser esto así, este cálculo de impuestos pierde toda relevancia. Esta cifra
no es sustentable, además, ya que la gran mayoría de las actividades fuera de
la zona franca estarán “exentas”; para ello expresamente se pactará el acuerdo
de precios de venta anticipada de madera a la zona franca.5
9. IMPACTO
EN EL Pbi. La empresa
señala y el gobierno repite que la planta generará un “aumento permanente de 2
por ciento en el Pbi”. A la luz de las anteriores observaciones resulta muy
difícil sustentarlo. El escaso empleo directo, una parte menor del indirecto,
unas pocas actividades menores vinculadas, algunos impuestos, pago de ciertos
insumos y otras actividades de poco impacto minimizan las cifras tan
difundidas. Es lógico: la propia celulosa es un commodity. Y no debemos
encandilarnos con el aumento de las exportaciones; Uruguay exporta troncos, Upm
celulosa desde una zona franca. Mucho más importante que el cálculo del Pbi es
cuánto de la actividad de la trasnacional queda en el país. En este caso, como
vimos, la empresa invierte 2.480 millones de dólares y en 20 años se lleva 16
mil millones de dólares. Luego de aportar agua, sol, suelo y trabajo, lo que no
llega a los bolsillos de los uruguayos es cuantioso.
10. LA
“OPORTUNIDAD”. Hay
opiniones que así consideran la instalación de la planta, considerando los
impulsos tecnológicos, actividades “inducidas” y otras. En realidad, diez años
de experiencia de las otras plantas en el país muestran que casi nada de esto
sucedió. Para la primera incluso se consideró un éxito establecer que un
posible emprendimiento nacional tendría prioridad para adquirir hasta 15 por
ciento de la celulosa producida, para fabricar cartón, papel o similares. Hoy
el contrato con Upm establece, en su punto 3.1.1.a. ii, que el 100 por ciento
de la celulosa se exportará.
11. ENERGÍA
RENOVABLE. En atención
al ambiente, se nos dice que estas plantas (no sólo Upm 2) generan energía
“limpia”, de fuentes “renovables”, a partir de sus desechos forestales. Pero no
es así. Las plantas funcionan con fuel oil, y al hacer la equivalencia
energética entre la energía a partir de los desechos y la que aporta el fuel
oil, los números se inclinan hacia el combustible fósil; el balance ambiental
es negativo.
12. LA LEY
FORESTAL. La norma
vigente establece que más de 4 millones de hectáreas son de “prioridad forestal”
y podrían, por tanto, sembrarse con eucaliptos. Hasta ahora habría 1.150.000
hectáreas forestadas. La sustitución del ecosistema natural de pradera
(modificado por el ser humano), que predomina en nuestro país, por vastas masas
forestales plantea una serie de problemas ecológicos. Si bien económicamente,
en forma transitoria, es posible que a algunos terratenientes –y en particular
a empresas vinculadas al negocio– les convenga, con una visión de más largo
plazo es muy probable que para el país el resultado sea profundamente negativo.
Plantar árboles en la pradera es muy sencillo. Revertirlo es sumamente costoso,
y se debe tener en cuenta que los procesos físicos y biológicos son de muy
largo plazo.
13. SOBRE EL
PODER. En un plano
más político, se dice que desde el punto de vista de la acción de gobierno la
planta es positiva pues divide un poder tradicionalmente conformado en torno a
grandes productores agropecuarios. “Dividir” el poder otorgaría más libertad a
la política económica. Sin embargo, esta posibilidad es muy dudosa, o más bien
falsa. Es incomprensible pretender que un gobierno gane libertad por incorporar
en la ecuación a una empresa trasnacional.
14.
REGULACIÓN DEL RÍO NEGRO. El contrato establece que el gobierno garantizará a Upm “un flujo mínimo
en el Río Negro aguas debajo de la represa de Rincón del Bonete”. Actualmente
Ute es responsable de la regulación del flujo en función de las necesidades
energéticas y acorde a las previsiones climáticas. Esto de-saparece y el flujo
lo determinará la necesidad de agua para Upm. No es casualidad que la ubicación
de la planta sea exactamente aguas abajo de la represa (no confían en el flujo
natural del río), con lo que aun en épocas de sequía tendrá prioridad para su
abastecimiento. Para tener una idea del perjuicio económico potencial para Ute,
digamos que durante 2017 las represas del Río Negro generaron 2.550.000
megavatios-hora, por un valor de 185 millones de dólares.
Es más, si
Upm y el gobierno aducen que el agua consumida por la planta vuelve “limpia” al
río, ¿por qué no se establece (se negocia) la condición de un circuito cuasi
cerrado? Mediante éste se reutilizaría la mayor parte del agua que fluye de la
planta, en lugar de sacar del río todos los días ese volumen.
15.
SOBERANÍA. Si surgen
discrepancias en cuanto a la marcha del proyecto, el contrato establece que
serán dirimidas en tribunales internacionales. Nuevamente, nuestro sistema
legal es relegado. Además, toda situación que se presente ya está sujeta al
Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia. Y en el primer punto
señalamos que Uruguay se obliga, pero Upm resolverá si invertir o no.
Por último,
la cláusula 2.4 del contrato señala: “Beneficios indicativos. Rou espera que
los beneficios del proyecto Upm podrían incluir los beneficios referidos en las
cláusulas 2.2 y 2.3. Dichos beneficios son únicamente indicativos y no
constituyen obligación o compromiso alguno para que Upm y el proyecto Upm
alcancen dichos beneficios o resultados”. El gobierno “espera” beneficios,
“podrían” incluir… y Upm no asume ningún “compromiso”. Toda una confesión de
parte. Sumada a las 14 observaciones anteriores, cabe preguntarse: ¿soberanía o
sometimiento?
CONCLUSIÓN. Todo conduce a pensar que el
gobierno cree que “lo que es bueno para una empresa trasnacional es bueno para
los uruguayos”. Una concreción más de la política de que “el mercado decide”.
Por el contrario, este proyecto no es beneficioso para Uruguay. La cláusula 4.5
del contrato dice: “Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad alguna de
cualquier naturaleza bajo o en relación con este contrato antes de la fecha de
definición final de inversión (incluso con respecto a cualquier incumplimiento
de obligaciones)”.
Nos queda la
esperanza de que en algún momento próximo prime la lucidez y la conciencia del
interés nacional.
*
Gustavo Melazzi es docente, doctor en economía por la Unam. William Yohai es
médico y analista de temas económicos.
1.
Además del contrato firmado entre Uruguay y Upm, la información de este artículo
emerge de numerosas fuentes que no citamos por su extenso número, pero que
figuran en los artículos de Brecha del 2-XI-07 y del 5-VIII-11, y de Voces del
19-X-06 y del 18-VIII-16.
2.
Desde el punto de vista del desembolso efectivo que debe hacer Upm al invertir,
ésta puede: a) solicitar un crédito con garantía estatal por 1.450 millones de
dólares (72,5 millones por venta garantizada de energía durante 20 años); b) lo
descuenta al 4,5 por ciento (son 905 millones de dólares). En esta alternativa,
la inversión efectiva de Upm se reduce de 2.480 a 1.578 millones de dólares (48
por ciento), y Uruguay invertiría 1.761 millones de dólares, 52 por ciento del
total del proyecto.
3.
Véase página 42 del documento “Viabilidad ambiental de localización: Cuecar
SA-planta de celulosa Paso de los Toros”, disponible en:
http://www.mvotma.gub.uy/portal/ambiente-territorio-y-agua/gestiona/puesta-de-manifiestos/item/10009772-manifiesto-cuecar-s-a-planta-de-celulosa-paso-de-los-toros.html
4.
Véase:
http://zonasfrancas.mef.gub.uy/innovaportal/file/21756/2/contribucion-al-empleo-2015–analisis-de-la-ocupacion-en-zonas-francas.pdf
5.
Reporte 2017 de la empresa (donde además informan que pagaron 12 millones de
euros en impuestos en Uruguay).
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